El 24 de diciembre de 2024 falleció Pedro Restrepo, padre de Santiago y Andrés, quienes el 8 de enero de 1988 luego de ser detenidos desparecieron en manos de la policía nacional. La lucha de la familia Restrepo duró décadas e implicó enfrentarse a una estructura estatal que utilizó todas las artimañas posibles para negar su responsabilidad. Los cuerpos de los hermanos Restrepo todavía no han sido encontrados. Su caso se convirtió en un símbolo de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el gobierno de León Febres Cordero, y de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en gobiernos posteriores.
Hablemos de Saúl, Josué, Ismael y Steven, cuatro niños de entre 15 y 11 años que fueron detenidos por las fuerzas armadas el 8 de diciembre de 2024, para luego ser desaparecidos forzadamente, sin todavía tener todos los detalles al respecto, sus cuerpos fueron encontrados calcinados el 24 de diciembre, con la clara intención de que su muerte quede en la impunidad.
Ahora comenzamos a conocer que el caso de los cuatro niños de las Malvinas es apenas uno de los muchos casos ocurridos durante el denominado “conflicto armado interno”, organizaciones de derechos humanos y periodistas de investigación como Karol Noroña señalan que hasta el cierre del año en la Fiscalía General se han denunciado 15 ejecuciones extrajudiciales, 20 desapariciones forzadas y 145 extralimitaciones en actos de servicio. Las organizaciones y periodistas además aclaran que los números señalados son un subregistro puesto no todos los delitos han sido denunciados por las víctimas debido al miedo a represalias.
Ante lo atroz de lo ocurrido, la respuesta del gobierno lejos de ser reflexiva y de asumir responsabilidades para que hechos como los señalados no se repitan, ha sido primero la del silencio público del primer mandatario, luego la postura de negación y confrontación de sus ministros quienes han asumido que la denuncia de estos casos tiene netamente fines electorales y que se trata de denuncias que pretenden manchar el buen nombre de las fuerzas armadas.
Clara muestra de lo señalado fueron las supuestas “disculpas públicas” realizadas a regañadientes en las que el Ministro de Defensa, quien acompañado de un gran número de operativos militares desdijo esas disculpas con las siguientes palabras: “… dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada, pues la política pública es de respeto absoluto a los derechos humanos”
Luego el ministro de defensa amenazó a la jueza que en este caso otorgó el hábeas corpus a las familias de las víctimas, señalando que irían hasta las últimas consecuencias contra la jueza ante una decisión que calificaron de “injusta” y “absurda”.
Las violaciones de derechos cometidas en nuestro Estado y la forma de actuar del gobierno recuerdan y ponen en la palestra pública lo que Pedro Restrepo denunciaba al interior de la fuerza pública, afirmando que existía un horroroso lema o principio de actuación fielmente difundido y acatado, “negar y mentir son padre y madre”. Lo que actualmente está ocurriendo confirma lo dicho por este incansable defensor de derechos y ratifica que poco o nada ha cambiado en la fuerza pública y mucho menos hemos aprendido como sociedad.