La protección de los derechos de las y los usuarios y consumidores en Ecuador se enfrenta a un desafío crítico, como lo demuestra el reciente escándalo relacionado con la venta de entradas para espectáculos públicos, su cancelación y la no devolución de lo pagado, como el evento Messi10 by Cirque du Soleil. Hecho que puso de manifiesto, una vez más, la desprotección a la que nos exponemos en la adquisición de bienes y servicios en el país.
En el caso denunciado, cientos de personas fueron víctimas de lo que aparenta ser una estafa masiva. Esto porque compraron boletos para un espectáculo que al poco tiempo fue cancelado sin mayor explicación. Y desde marzo de 2024 esperan que se les devuelva el dinero. Pero las empresas involucradas solo guardan silencio desde hace alrededor de 9 meses. Este tipo de situaciones afectan económicamente a los usuarios, pero también vulneran su derecho a la información clara, veraz y oportuna, garantizado en la Constitución de Ecuador y en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
La protección de los consumidores es un derecho que debe ser tratado con seriedad por parte de las autoridades y las empresas. No se trata solo de resolver un problema económico, sino de garantizar la dignidad y la seguridad de las personas en sus transacciones diarias. Y a la final del día, también de sus derechos a la cultura, al ocio, y al descanso. La falta de regulación efectiva y la ineficiencia en los mecanismos de control dejan a los usuarios indefensos. Además, los canales de denuncia y reclamo suelen ser burocráticos y poco efectivos, desalentando a las personas afectadas en buscar justicia.
El caso Messi10 expone también la necesidad de una mayor educación en derechos del consumidor. Muchas personas desconocen los recursos legales que tienen a su disposición y cómo utilizarlos. Por ello, es urgente que las instituciones del Estado, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, implementen programas de sensibilización y capacitación para empoderar a las y los ciudadanos.
Por otro lado, la responsabilidad de las empresas no puede quedar en segundo plano. Las organizaciones que operan en el mercado ecuatoriano deben comprometerse a actuar con transparencia y ética. Esto implica proporcionar información completa y precisa sobre los productos y servicios que ofrecen, así como establecer políticas claras de devoluciones, cancelaciones y garantías. Pero, sobre todo, a actuar de buena fe, pues debe alarmarnos que, según la Defensoría del Pueblo, en los últimos años se han cancelado casi 140 espectáculos públicos, y se desconoce si hoy en día todas las personas afectadas recibieron efectivamente de vuelta su dinero. ¿Estaremos acaso ante una nueva forma de fraude que ocurre a ciencia y paciencia de las autoridades?
El Estado ecuatoriano por tanto tiene un rol fundamental para acabar con en esta problemática. Es indispensable fortalecer y actualizar las normas de defensa del consumidor, pero también, que los mecanismos de supervisión y sanción de las instituciones encargadas de velar por las irregularidades en el mercado se mejoren. Estos organismos deben contar con los recursos necesarios para actuar de manera rápida y efectiva ante denuncias, así como para prevenir futuras vulneraciones.
La situación de las y los afectados en el caso Messi 10, y de tantos otros, releva la urgente necesidad de un cambio estructural. Proteger los derechos de las y los consumidores no es una opción, es una obligación que requiere acción inmediata y coordinada.