El 27 de febrero se celebra el Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Es una fecha que nos invita a reflexionar sobre su importante rol para defender causas como los derechos humanos, la protección del medio ambiente, o la promoción del desarrollo social. En Ecuador, las ONG han sido actores clave en la denuncia de atropellos y la transformación social, complementando el trabajo estatal y llegando a sectores donde la institucionalidad pública es deficiente o nula. Sin embargo, el reconocimiento de su labor no puede desviar la mirada de una realidad preocupante: el constante traslado de responsabilidades estatales a estas organizaciones, en especial en el ámbito de los derechos humanos.
Las ONG han sido fundamentales en temas como la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables, la lucha contra la violencia de género, el acceso a la salud, a la educación, entre otros derechos, así como en la protección del medio ambiente y los animales frente a actividades extractivistas. En muchas ocasiones, han suplido las falencias del Estado y han dado acceso a servicios para comunidades marginadas, o inclusive víctimas de graves delitos. Sin embargo, esta labor, que debería ser complementaria, se ha convertido más bien en una carga trasladada, debido a la desidia gubernamental y en otras ocasiones a recortes presupuestarios.
Este fenómeno se da en Ecuador, pero también en otros países de América Latina. La tendencia de los gobiernos a delegar sus obligaciones en actores no estatales ha sido más bien sistemática. Se podría argumentar que las ONG pueden ser más eficientes y estar mejor posicionadas para atender ciertas problemáticas. Empero, esta transferencia de responsabilidades se da sin los recursos adecuados, lo que coloca a estas organizaciones en una situación precaria. Dependen en gran medida de financiamiento internacional, donaciones o convocatorias que, lejos de garantizar estabilidad, las someten a una incertidumbre constante, o a condiciones más bien desventajosas.
Por otra parte, se debe tener presente que informes y reportes de diversos organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, e inclusive la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado en diferentes momentos de años recientes cómo ciertas regulaciones y controles han sido utilizados para restringir el trabajo de la sociedad civil. Esta tensión entre las ONG y el Estado no solo limita su capacidad de acción, sino que también afecta a quienes dependen de sus servicios.
Es imprescindible que el gobierno ecuatoriano asuma su rol como garante de derechos y deje de trasladar sus obligaciones a las ONG, además de hacerlo sin ofrecer respaldo ni financiamiento adecuado. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser aliadas del Estado, no sus sustitutos. Conmemorar el Día Mundial de las ONG debe servirnos para reconocer su contribución, pero también para concientizar sobre el cambio en la forma en que se concibe su relación con el sector público. Debemos celebrar su labor, pero también exigir que puedan seguirla ejerciendo sin que implique un abandono de responsabilidades por parte del Estado.