La violencia en Ecuador continua en ascenso. Los medios de comunicación informan que mayo de 2025 fue el mes más violento en la historia reciente, 30 personas fueron asesinadas cada día, más de una persona cada hora.
En Ecuador existe un problema de seguridad ciudadana. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, es decir, la seguridad de la persona. Esta obligación incluye el derecho a la vida; a la integridad física; a la libertad; al disfrute pacífico de los bienes y la obligación de respetar las garantías procesales, la protección judicial y la interrelación de los derechos. El límite de las acciones de seguridad desplegadas por el Estado son los derechos de las personas.
Frente a la violencia, el gobierno de Daniel Noboa promueve la aprobación de varias leyes calificadas de económicas urgentes, esas leyes son las siguientes:
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional faculta al presidente a declarar la existencia de un conflicto armado, lo que permite a las fuerzas de seguridad emplear fuerza letal. Además, crea el indulto diferido, es decir, el perdón de la pena antes de que exista una sentencia condenatoria. Este indulto se aplicará a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas cuando los hechos imputados correspondan a actuaciones en cumplimiento del deber frente a grupos armados organizados; personas con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y/o de alta complejidad y a las personas que colaboren significativa con la justicia y contribuyan al esclarecimiento de la verdad en el marco del conflicto armado interno.
La ley no establece un sistema de control al otorgamiento del indulto diferido. Aunque la Ley impide aplicar este indulto en delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, sin un sistema de control es imposible garantizar que no se aplique en estos casos. Además, casos como ejecuciones extrajudiciales y otras vulneraciones podrían quedar en la impunidad.
Un indulto beneficie a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y vulnera directamente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición.
El indulto diferido promoverá falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones a los derechos humanos. Las leyes que promueven indultos facilitan la impunidad y socava el estado constitucional de derechos
La Ley Orgánica de Inteligencia crea el Sistema Nacional de Inteligencia que tendrá como objetivo buscar, anticipar, evitar y/o neutralizar, amenazas y riesgos, que afecten a la seguridad integral del Estado. Nótese que esta Ley se ha creado en favor de la seguridad del Estado y no de la persona, está ley no está al servicio de la seguridad ciudadana ni de la persona sino del Estado, esto es contrario a la obligación estatal de garantizar a las personas.
Ahora la Asamblea Nacional trata el proyecto de Ley de Integridad Pública es una norma de carácter económica urgente, pero reformará el Código Orgánico Integral Penal, incluye asuntos de tránsito y en el Código de la Niñez equiparará los delitos graves cometidos por niños a los ejecutados por personal adultas, inobservando los tratados internacionales en materia de derecho de los niños.
En este contexto, cabe adscribirnos al criterio vertido por Human Rights Watch; “Ecuador necesita con urgencia abordar la inseguridad y el crimen organizado, pero lo más probable es que estas leyes solo hagan más daño”. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.