EDITORIAL

Impunidad: una década de violaciones a los derechos

Hace casi un mes, el portal Plan V, publicó un especial multimedia denominado “Sobrevivientes”, conformado por 101 historias sobre las violaciones de derechos humanos ocurridos en el Ecuador entre el 2007 y el 2017, o sea bajo el régimen de Rafael Correa. En su presentación, se indica que “hablar de derechos humanos en Ecuador es hablar de impunidad” y que “la mayor tragedia es el olvido de la historia.”

El seguimiento de los distintos casos y los testimonios de las víctimas o de sus familiares tienen como denominador común la impunidad: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, persecución, detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, montaje de falsos delitos, y otras. Entre las víctimas hay dirigentes sociales, estudiantes, indígenas, campesinos, militares, policías, ambientalistas, feministas, periodistas, funcionarios públicos, autoridades electas, gente del campo y de la ciudad, de la Costa, Sierra y Oriente. Gente diversa que cometió el gran pecado de oponerse al régimen, de criticarlo, de salir a protestar contra sus políticas, de denunciar sus atropellos y sus actos de corrupción, de reclamar ante la prepotencia de sus autoridades, de develar la falsedad de las declaraciones de sus jerarcas y su cinismo monumental.

Las víctimas y sus familiares siguen luchando para que se haga justicia, casos como los del dirigente shuar José Tendetza, dirigente antiminero en la zona donde están las mayores explotaciones otorgadas por el Correato. Pero también están los casos del general Gabela, quien denunció la compra de los helicópteros Druv; del periodista Fausto Valdiviezo, quien resultó demasiado incómodo para el gobierno desde el canal incautado donde laboraba; del policía Froilán Jiménez, muerto en los incidentes del 30S, o de Floresmilo Pazmiño, quien hizo públicos los pativideos, y varios casos más.

Para los que protestaban en manifestaciones y movilizaciones también hubo castigo y una voluntad de ensañamiento que alcanzaba incluso a los familiares. Varios dirigentes estudiantiles del Mejía, del Central Técnico, del Montúfar fueron detenidos y torturados. Pero además el gobierno se encargó de que sus padres y hermanos no sólo se quedaran sin trabajo, sino que no fueran nuevamente contratados en ningún lado.

Durante el paro nacional de agosto de 2015, tres mil policías y militares arrasaron la población de Saraguro, poblado mayoritariamente indígena, donde agredieron y detuvieron a varias decenas de habitantes. Cinco de ellos, como María Lozano y Amable Angamarca fueron condenados a 4 años de prisión, constituyendo uno de los más graves casos de criminalización de la protesta social. Al cabo de 3 años fueron declarados inocentes por la Corte Nacional de Justicia y puestos en libertad.

Alicia Cahuja, dirigente waorani, por oponerse a la explotación petrolera fue acosada y perseguida. Margoth Escobar, defensora de derechos humanos, fue víctima de violencia por participar en el paro nacional de 2015. Esperanza Martínez, ambientalista, sufrió robo y amenazas por ser defensora del Yasuní. Esta es solo una muestra de los casos de violaciones de derechos humanos durante el correato.

A menudo las personas mencionadas aquí, habían sido “sentenciadas” por Rafael Correa en sus sabatinas. Los jueces de bolsillo se hacían eco de la voluntad del expresidente y las juzgaban, muchos de esos jueces siguen en sus cargos. ¡Prohibido olvidar!