EDITORIAL

Ojalá que el remedio no sea peor que la enfermedad

Para nadie es secreto que el Ecuador se encuentra inmerso en una difícil situación económica, algunos dirían incluso una crisis en toda regla, esto consecuencia directa de la denominada “década ganada”, la cual se caracterizó por el despilfarro de recursos económicos, procesos generalizados de corrupción y un endeudamiento que no tiene comparación en la historia de nuestro país.

El nuevo gobierno no se ha encontrado con la tan publicitada “mesa servida”, todo lo contrario, ante esta encrucijada su respuesta ha sido la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de determinados subsidios, el establecimiento de incentivos y perdones tributarios para el sector empresarial y además la búsqueda de financiamiento a través de préstamos y acuerdos de financiamiento.

El último de estos acuerdos, y que extrañamente no pasó por el control de la Asamblea ni de la Corte Constitucional, fue el realizado con el Fondo Monetario Internacional, el conocido FMI, entidad que proporcionará al Ecuador aproximadamente 4.209 millones de dólares. El Ministro de Economía y Finanzas ha publicitado dicho acuerdo de la siguiente manera: “nos permite proteger el gasto social y el bienestar de las personas más vulnerables”. Por su parte, la directora del FMI, Christine Lagarde, ha manifestado que “El acuerdo brinda apoyo a las políticas económicas del gobierno ecuatoriano en los próximos tres años”.

Si una persona se queda únicamente con dichas declaraciones, podría creer que se trata de una ayuda más que de un préstamo, cuando en realidad la cantidad entregada al Ecuador tendrá una tasa de interés cercana el 3% y deberá ser pagada en un plazo de 10 años. Además, y esto no se dice desde el gobierno, el préstamo del FMI condicionará nuestra política económica y nos obligará a tomar determinadas medidas. Como popularmente se dice nada es gratis en la vida y el FMI nunca se ha caracterizado por ser una hermanita de la caridad sino más bien, un organismo internacional siempre de parte de las grandes potencias económicas e intereses empresariales extranjeros.

Entre estas medidas se podrían esperar acciones que usualmente requiere el FMI a los estados, y que de hecho han sido mencionadas por su directora: “reequilibrio de la masa salarial”, que suele ir acompañada de reducción de salarios y despidos masivos; “optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles” o en otras palabras disminución hasta la eliminación de los subsidios a la gasolina, esperamos que esto no se refiera a la gasolina extra y la consecuente subida de bienes de primera necesidad; “repriorizar el gasto de inversión y de bienes y servicios” y “reforma fiscal”, que podría ser entendida como la imposición de una mayor carga tributaria sin mayor distingo de la capacidad económica del ciudadano.

Ante todo esto, solamente nos queda esperar que “ojalá que el remedio no sea peor que la enfermedad”, que el supuesto acuerdo con el FMI no termine por perjudicar a la generalidad del pueblo ecuatoriano en beneficio de una minoría siempre beneficiada y privilegiada.