OPINIÓN

Abusos del poder atentan contra derechos humanos de estudiantes en Quito

Durante las manifestaciones del 17 de septiembre pasado en la ciudad de Quito, fueron detenidos alrededor de 53 estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar. A los estudiantes detenidos se les negó el recurso de Hábeas Corpus y su libertad inmediata, solicitada debido a que fueron víctimas de golpes y maltratos por parte de miembros de la institución policial. Carlos Sánchez, uno de los abogados de los estudiantes detenidos, indicó que “vimos con angustia su situación calamitosa, estaban golpeados, moreteados, con rupturas de cabeza, de costilla”. Las consecuentes lesiones en sus cuerpos fueron registradas en el propio expediente fiscal, al cual no se lo tomó en cuenta para la puesta en libertad de los detenidos.
Incluso la organización internacional Human Rights Watch, en base a información recabada con entrevistas y testimonios orales, indicó que “miembros de la Policía Nacional emplearon fuerza excesiva para dispersar manifestaciones mayormente pacíficas en Quito, el 17 y 18 de Septiembre de 2014”.
Otra violación de los derechos humanos de los estudiantes fue su traslado al Regimiento Quito (ex SIC), y no a un centro de detención legalmente establecido como los calabozos de la Unidad de Flagrancia, como lo establece la ley.
Los estudiantes son procesados por el artículo 204, numeral 1, del Código Penal Integral, el que se refiere a los daños al bien ajeno, el que señala “si por del daño provocado paraliza servicios públicos o privados, el acusado será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años”. Esto resulta incongruente ya que los estudiantes fueron detenidos en el propio interior del colegio Mejía, cosa que no ha ocurrido en manifestaciones realizadas durante gobiernos anteriores. Por otra parte, no hay pruebas de que los estudiantes detenidos fueron los causantes de los daños que se les acusa.
Human Rights Watch recomendó “que las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la actuación represiva por parte de las fuerzas de seguridad y las denuncias de abusos y torturas contra manifestantes”, y que el gobierno “debería dejar de perseguir a abogados y medios de comunicación que informan o denuncian abusos.”

Una de las solicitudes de los abogados y de los padres de los detenidos es que las autoridades del gobierno dejen de tener injerencia en este caso para que no se viole el debido proceso, como ocurrió en el caso de estudiantes del Colegio Central Técnico, detenidos en otra manifestación hace un par de años.

Se volvieron a repetir las escenas de madres que suplicaban de rodillas al presidente Correa para que sus hijos sean liberados, algo indigno y nunca visto en gobiernos anteriores, lo que nos lleva preguntar ¿es la justicia imparcial en el Ecuador o el poder del presidente está por encima de la ley?

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