Sin voz ni cuerpo
Por: Gloria Vinueza – PRODH
Reflexiones sobre la vida de las mujeres violentadas y la autonomía de sus cuerpos.
Gloria Vinueza
En Ecuador, cerca de 380.000 mujeres han vivido una violación sexual. Algunas de estas agresiones terminan en embarazos forzados y ante la desprotección del Estado acuden a centros clandestinos para abortar con riego de ir a la cárcel. La sociedad condena a la mujer violentada y le niega la posibilidad de decidir sobre su vida, su salud y su cuerpo.
Esta realidad alejada de las políticas del Gobierno son recogidos en el informe alternativo para la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW”, presentado por el Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Dicho Frente reconoce que: “Negar a una mujer violada la posibilidad de un aborto implica someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, y demanda la legalización del aborto en casos de violación.
Un embarazo en el contexto de una violación trae consigo una serie de riesgos y amenazas a la salud de la mujer, más aún si hablamos de que esos embarazos se producen también en niñas y adolescentes. En el país se registran más de 3.600 niñas menores de 15 años que son madres por producto de una violación.
“Cuando me violaron estaba asustada, esperé 15 días más hasta que me hice una prueba y resultó positiva. Era complicado, yo no podía tener un hijo en esas condiciones, no quería embarazarme y menos tener el hijo del hombre que me hizo tanto daño”, testimonio de adolescente víctima de violencia sexual.
El aborto es la segunda causa por la que las mujeres van a los hospitales cada año en el país. Esto demuestra que a pesar de la ilegalidad del aborto las mujeres interrumpen sus embarazos de manera insegura.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 149, señala que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
El aborto es legal en dos casos exclusivamente, si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada; y, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad mental (COIP, art. 150).
“Esto se complica cuando las mujeres son más jóvenes, más pobres, que viven en áreas rurales porque son las que menos pueden acceder a un aborto seguro e ilegal. Las mujeres siguen abortando y si tienen dinero para pagarlo lo hacen en mejores condiciones que otras”, señala Ana Cristina Vera, representante de la Fundación Surkuna.
Además, Vera cuestiona que el Estado permita el aborto por violación a una mujer con discapacidad mental por considerar que no tiene voluntad propia “… les aseguro que ninguna mujer tiene voluntad propia en una violación”.
Está demostrado que los países que solo se ocupan de castigar el aborto, sin invertir en información y servicios de salud sexual y reproductiva, lo único que hacen es aumentar el número de abortos inseguros poniendo en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres. La primera en ser juzgada y la última en decidir sobre su cuerpo es la mujer, mientras se justifica al agresor.
Ciudadanía opina sobre el aborto
En una encuesta nacional sobre derechos sexuales y reproductivos realizada por CEDATOS en 2012, se señala que:
• Una de cada tres personas conoce a una mujer que ha abortado.
• El 66% de la población cree que el aborto debería ser legal en casos de violación.
• El 74% de personas cree que una mujer que aborta no deber ir a la cárcel.
Mujeres son perseguidas por abortar
Una adolescente de 17 años llegó con aborto incompleto a un servicio de maternidad. A pesar de su estado de salud no recibió atención médica, entró en pánico y escapó. Ella indicó que fue maltratada y amenazada con ir a la cárcel de menores. Este testimonio forma parte de los seis casos documentados que constan en el informe alterno para la CEDAW.
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian que existen 58 casos de mujeres que han sido procesadas por el delito de aborto. Estas mujeres fueron denunciadas solo con el testimonio del profesional de salud, explica Virginia Gómez, integrante del Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Los expedientes demuestran una serie de violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres, fueron sometidas a interrogatorios y pruebas médicas sin la presencia de un abogado, en algunos casos no recibieron atención médica antes de ser puestas bajo custodia legal.
“El testimonio del médico no es válido porque es adquirido sin el debido proceso”, señala la abogada Ana Cristina Vera. Además destaca la gravedad de violar el secreto profesional, considerado como un delito en el COIP. Esto ocasiona que las mujeres no vayan a los hospitales, no busquen atención médica o que acudan cuando su salud se agrava.
El cumplimiento del secreto profesional garantiza al médico la posibilidad de ejercer su trabajo de manera adecuada. “Si uno va al doctor y no le dice todo lo que le está pasando por desconfianza de que lo cuente a alguien más, el profesional puede tomar decisiones inadecuadas que a largo plazo pude terminar en una mala práctica médica”, explica Vera.
El secreto profesional es esencial para recibir un servicio de salud adecuado y sin discriminación, donde el asesoramiento e intercambio de información confidencial entre mujer y profesional de la salud debe ser libre de estigma, castigo y sin prejuicios.
Internet y amigos: consejeros sexuales de adolescentes
Una encuesta realizada a madres y padres adolescentes (12 a 17 años) en Quito y Guayaquil, por el Banco Mundial y la empresa Hábitus, señala que ellos y ellas desconocían sobre la prevención del embarazo a pesar de haber recibido educación sexual en sus colegios.
Margarita Velasco, Directora del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, explica que la educación sexual es abordada desde el ámbito biológico, se habla del aparato reproductivo y no se vincula con la sexualidad de los jóvenes. Además, existe desconfianza para hablar del tema con los padres y madres, sus únicos consejeros son su círculo de amistad y el internet.
En dicha encuesta también se señala que al momento de acceder a métodos anticonceptivos como el condón, los vendedores de farmacias no quieren facilitarles el producto y se burlan, o son discriminados por el personal de los centros de salud.
La influencia de los valores religiosos al momento de establecer relaciones sexuales como mecanismo de detención fue otra de las preguntas. Temas como la virginidad o abstinencia no fueron aspectos considerados prioritarios por los adolescentes al momento de decidir sobre su vida sexual.
Los programas de salud sexual y salud reproductiva están dirigidos a adolescentes de un contexto que no corresponde a nuestra realidad: “Se trata de otra generación absolutamente distinta a la que conocíamos”, aclara Velasco.
Sin embargo, el nuevo rumbo para la prevención del embarazo adolescente es el “Plan Familia Ecuador” que se sustenta en valores, lo explica el Presidente Rafael Correa, sin descartar el promover la abstinencia. Además, criticó la anterior Estrategia de Planificación y Prevención del Embarazo indicando que se “basaba en el hedonismo más puro y más vació: el placer por el placer”.
Las autoridades ignoran que el parto y sus complicaciones, son las primeras causas por las que niñas y adolescentes de 10 a 17 años acuden al hospital. Son cerca de 74.00 al año. La segunda causa es el aborto, sea este provocado o natural, con 8. 705 atendidas.
Estos datos del INEC, tomados de los registros hospitalarios de 2011, develan que las niñas y adolescentes no acuden a la atención médica por enfermedades propias de su edad, como las fracturas o infecciones intestinales, según explica Velasco.
No solo que se desconoce el comportamiento sexual de los adolescentes, al plantear una estrategia conservadora basada en valores más que en información científica, sino que negamos el derecho a las y los adolescentes a una salud sexual y salud reproductiva placentera y libre de prejuicio.