El secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ha conmocionado las fibras más íntimas de la sociedad ecuatoriana, que ha reaccionado con indignación y solidaridad. A esto se suman las muertes de militares y pobladores civiles durante décadas en toda la región de frontera norte del Ecuador.
Hoy, Ecuador asiste a un dilema ético: o plegamos a una agenda militar que no ha logrado resolver el conflicto interno en Colombia durante casi sesenta años y que se ha externalizado al Ecuador por décadas, dejando como reciente huella la muerte de tres periodistas; o nos proponemos una agenda distinta que permita mirar la defensa y soberanía nacional desde otras aristas, y que fortalezca a los territorios de manera integral y desde la paz.
Colombia es el segundo país en Latinoamérica con más muertes a periodistas, pues registra 196 asesinatos hasta el 2016; ello demuestra que, a pesar de su estrategia militar, no se ha logrado frenar las cifras de secuestro, asesinato y violencia. El primer puesto en número de periodistas asesinados lo tiene México, en donde se instauró la misma política militar colombiana de lucha antidrogas asesorada por el ex general Mario Montoya Uribe, responsable del bombardeo en Angostura y de más de 200 asesinatos en Colombia, que fueran presentados falsamente como muertos en combate.
Durante más de medio siglo el Ecuador, a pesar de ser una de las víctimas transfronterizas del conflicto colombiano, ha reafirmado su posición de ser un territorio de paz, tanto así que las comunidades fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos lograron que este reconocimiento se plasme en la Constitución del Ecuador en el año 2008.
Si en el país queremos tener resultados distintos a los de Colombia, debemos partir por dar respuestas distintas. Se debe definir una agenda propia, independiente e integral, que nos lleve a recuperar el control de la frontera, a través de políticas que, a más de tener un componente militar, implementen dispositivos políticos, económicos y sociales, que brinden opciones reales de vida digna a la población, a los campesinos, indígenas y afro descendientes que viven en la frontera.
Hoy, evidenciamos cómo el solo anuncio de una campaña militar por el Presidente Lenin Moreno ha provocado el desplazamiento de familias de Mataje, El Pan, La Delicia, entre otras comunidades del norte de Esmeraldas; muchas de ellas han sido acogidas por familiares y amigos de San Lorenzo, y otras están siendo albergadas en campamentos coordinados por la Secretaría de Gestión de Riesgos. En San Lorenzo hay miedo. Ha decrecido la actividad económica y muchos negocios se han cerrado por la falta de ventas a “la gente del otro lado”. Una economía de guerra solo golpea a los más vulnerables, pues quienes dirigen el conflicto no son tocados; más aún, el negocio de la guerra hace ricos solo a los militaristas y a los políticos que representan sus negocios.
Nuestro dilema ético está en si queremos construir la memoria de Paul, Javier y Efraín como los periodistas asesinados que provocaron la venganza estatal con una ciega incursión militar en la frontera; o queremos construir su memoria como un cruel asesinato que abrió los ojos del país entero y provocó una reacción de solidaridad encaminada a construir una frontera viva y desarrollándose en paz. Nosotros y nosotras le apostamos a la memoria de Paúl, Javier y Efraín, así como los de otros muchos muertos que han quedado en el anonimato, como emisarios de la paz.
25 abril 2018
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Misión Scalabriniana en el Ecuador
Servicio Jesuita a Refugiados – SJR Ecuador
Colectivo
PRODH Ecuador
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