Billy Navarrete, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH expresa su alerta por la
tramitación del benefició de prelibertad presentada por los ex agentes de la Policía Nacional
Mario Cevallos Loachamin, Hector Fruto Marquez, Douglas Yepez Mogro y Ricardo Llulluma
Alvarez, y que se resolverá en audiencia el próximo viernes 21 de febrero de 2020, a las 11:00 en
la Unidad Judicial de Carcelén de Quito.
En dicha audiencia el Juez de Garantías Penitenciarias, según Artículo 230 #9 del Código
Orgánico de la Función Judicial, revisará los informes de los privados de la libertad y resolverá
sobre el pedido de prelibertad. El CDH alerta que, según artículo 26 del Código de Ejecución de
Penas y de Rehabilitación Social aplicado a este caso, la prelibertad cabe siempre y cuando se
hayan cubierto los siguientes requerimientos:
“Para hacerse acreedor a pasar, dentro de la progresión, a la fase de libertad controlada, el
interno deberá haber cumplido, por lo menos, las tres quintas partes de la pena impuesta y reunir
las siguientes condiciones: a) Haber observado durante su internación buena conducta, no sólo
limitándose al cumplimiento de los reglamentos, sino procurando el mejoramiento cultural,
perfeccionamiento en el servicio y superación en el trabajo, que demuestren un afán constante de
readaptación social; b) Que acredite tener profesión, arte, oficio o industria, u otro medio que le
permita vivir honradamente; c) Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones civiles,
acredite haber cumplido esta obligación, a menos de haber comprobado imposibilidad para
hacerlo; y, d) Obtener informe favorable tanto del correspondiente Departamento de Diagnóstico
y Evaluación y del Fiscal respectivo.”
Recordamos que el 19 de noviembre del 2003 en la farmacia Fybeca, de la ciudadela La
Alborada en Guayaquil, ocurrió la ejecución extrajudicial de 8 personas y la detención
desaparición de otras 3 personas como saldo de operativo de la Policía Nacional. El 11 de
noviembre de 2016 se ratificó la sentencia en el juicio por las ejecuciones extrajudiciales seguido
en la Corte Nacional de Justicia y se condenó como autores a 5 policías y a un ex agente a 16
años de prisión.
Pese a que existe sentencia condenatoria ejecutoriada, hasta la presente fecha las familiares de
las víctimas no han recibido la indemnización ordenada debido al dilatado proceso de recursos de apelaciones, nulidad, casación e inclusive un recurso extraordinario de protección en la vía
constitucional, que fueron secuencialmente negados.
El pasado 10 de diciembre de 2019 la Abogada Dolores Vélez, viuda del pastor evangélico
Carlos Andrade, y Dolores Briones, viuda del mensajero de la farmacia, ejecutados por agentes
de la Policía Nacional, presentaron reclamo formal a la Ministra de Gobierno y Procurador
General del Estado por sus derechos a la reparación y repetición, sistemáticamente negados.
Dicha queja aun no es atendida.
Por lo expuesto en términos del justo derecho a la indemnización, repetición y considerando que
los sentenciados han cumplido hoy apenas el 40% de la pena que les fue impuesta, exigimos a la
Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias niegue el pedido de prelibertad presentado por los
procesados. Además respaldamos el pedido de la Abogada Dolores Vélez y Dolores Briones para
que, de forma urgente, la Ministra de Gobierno y el Procurador General del Estado tramiten la
debida indemnización requerida por ley frente a este caso emblemático de grave violación a
Derechos Humanos en el Ecuador.
Adicionalmente, recordamos que el 30 de noviembre de 2017 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos presentó Informe de Admisibilidad para el caso Fybeca
(OEA/Ser.L/V/II.166), y el 17 de septiembre de 2018 el Fiscal General notifica el inicio de
investigación previa Nº 0135-2018-FGE en contra de 42 personas, entre ellas el Secretario
Ejecutivo del CDH, por delito de persecución, fraude procesal, prevaricato, tráfico de
influencias, perjurio y falso testimonio denunciados por cinco agentes de la Policía Nacional que
intervinieron en el operativo del caso Fybeca el 19 de noviembre de 2003.