EDITORIAL

La quiebra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo creado por la OEA, su razón de ser como institución es la protección y promoción de los derechos humanos en toda América, y viene desarrollando esta actividad desde comienzos de los años 60.

Este organismo examina la situación de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en un determinado país, develando luego violaciones de derechos humanos y recomendando acciones a cada Estado para corregir la situación en su territorio.

Además, lleva a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos que personas o colectivos le denunciaron por la violación de sus derechos. Luego la Corte, como cualquier juez, dicta sentencia absolviendo o condenando al Estado que violentó derechos.

La Comisión ha tenido varios desaciertos, por ejemplo, el hecho que observe y se preocupe de condenar la violación de los derechos humanos en unos países olvidándose de otros, así también el tiempo que se demora en tramitar las causas individuales por violación de derechos, prolongándose los casos por varios años.

Pero la institución también ha tenido aciertos que no se pueden ni deben olvidar. Ha denunciado violaciones masivas de derechos humanos, como las sucedidas durante la dictadura en Argentina o durante gobiernos elegidos democráticamente, como en Perú durante el Gobierno de Fujimori. También logrando sentencias a casos individuales de ciudadanos de toda América.

El organismo actualmente se encuentra en la quiebra, su presupuesto insuficiente, proviene de los propios Estados americanos y de las donaciones de otros organismos externos, pero la falta de fondos le ha impedido seguir funcionando. Ante esta situación, el Ecuador y los demás Estados parte de la OEA -quienes son los obligados a financiar a la Comisión- no han reaccionado.

Los Estados, en lugar de comprometerse a mejorar la CIDH, se han limitado a mirar impávidamente su destrucción. La verdad sea dicha, a los Estados no les interesa tener un organismo que les vigile, les increpe y obligue a tomar responsabilidad. Mientras tanto, los ciudadanos de nuestra América observamos cómo muere poco a poco una institución que vela por nuestros derechos.

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