Afectados por Texaco solicitan levantamiento de embargo

Por: Ivonne Macías, Comité de Derechos Humanos de Shushufidni

La unión de afectados por los derrames petroleros que ocasionó Texaco en la Amazonía ecuatoriana tomó una estratégica resolución, tendiente a evitar que el Estado negocie con la petrolera a espaldas de los demandantes.

Es necesario conocer que el Estado ecuatoriano tenía vigente un laudo arbitral que le obligaba a pagar 100 millones de dólares a la petrolera Chevron. Por otra parte, estaba vigente el embargo interpuesto por la Unión de Afectados del Caso Chevron, quienes por cierto aún tienen pendiente un fallo en la Corte Constitucional de Ecuador. Sin embargo, acorde a la ley ecuatoriana, el Gobierno no podría pagar a Chevron porque al desobedecer una orden judicial corre el riesgo de caer en desacato.

Reconociendo que las limitaciones económicas no han impedido a la Unión de Afectados llevar adelante sus demandas, Chevron se dispuso a presionar al Estado ecuatoriano, con el interés de impedir el desembolso de recursos para la población afectada.

En junio del 2013, el Juez de Sucumbíos ordenó que el Estado no pague a Chevron, sino que pague a los demandantes como parte de la deuda que la compañía tiene con la UDAPT. Sin embargo, desde marzo del 2014 existe una sentencia en la corte de Nueva York, dictada por el juez Lewis Kaplan, quien dispuso que la sentencia que favorece a los demandantes no pueda ejecutarse en las cortes estadounidenses.

A pesar de la fuerte defensa realizada por el Estado para evitar pagar a Chevron el laudo antes señalado, perdió todos los recursos y la deuda quedó en firme. Sin embargo, en base al embargo de la UDAPT, de junio del 2013, el Estado no podía pagar a Chevron, al hacerlo cometía un delito penal.

Al percatarse Chevron que el Estado tenía la intención de pagar a los demandantes, inició un macabro plan, sustentado en la resolución del Juez Kaplan, de 2014, la cual impide ejecutar o cobrar la sentencia de la corte ecuatoriana en territorio estadounidense. Eso significaba que si el Estado pagaba en Ecuador, ese pago no iba a ser reconocido por jueces norteamericanos, por lo que el Estado corría el riesgo de pagar dos veces.

Dicho plan contempló el inscribir su laudo arbitral en Estados Unidos, para ejecutarlo allá y poder embargar activos del Estado ecuatoriano en ese país. Además de implementar una campaña mediática a nivel global, con el objetivo de dañar la imagen del Estado para evitar que el Ecuador tenga acceso a créditos. Lo acusaban de ser un estado irresponsable que no cumple con laudos arbitrales y convenios internacionales. La presión de Chevron estaba encaminada a obligar al Estado ecuatoriano a negociar el caso sin la presencia de los afectados.

Este complejo escenario evidencia el poder de las corporaciones en el contexto global. Luego de analizar esta delicada situación, la UDAPT tomó la resolución estratégica de retirar el embargo para bajar la presión sobre el Estado, y así eliminar la herramienta de chantaje que tenía Chevron.

La UDAPT cuidó el proceso y evitó que Chevron obligue al Estado a negociar. Pero ahora, con más fuerza y mayor unidad, ratifica su compromiso de continuar con el proceso y ejecutar la sentencia en otros países, además de incrementar la campaña internacional contra el crimen corporativo.