El pasado viernes 11 de enero, 18 jóvenes murieron asfixiados en Guayaquil y 11 más resultaron heridos, a causa de un incendio que ocurrió dentro del centro clandestino de recuperación de adicciones en que se encontraban encerrados. No es la primera vez que una persona muere en lugares clandestinos que pululan en Ecuador y se hacen llamar “clínicas”.
De acuerdo con reportes del diario El Universo, en noviembre de 2018 un joven murió por la misma causa en la isla Trinitaria, mientras que en febrero de 2017 y abril de 2016 varios jóvenes resultaron heridos. Además, según Plan V, desde el año 2000 se han denunciado también en estos lugares numerosos tipos de torturas físicas y psicológicas.
La situación es muy grave, como ejemplo, mientras en el Guayas operan 40 centros legales, se calcula que existen 100 que funcionan de forma ilegal, y lo peor, es que se debe recordar que muchos de estos lugares usan la rehabilitación de adicciones como fachada para funcionar en verdad como centros en que se realizan “terapias de reorientación sexual o deshomosexualización”, de acuerdo con la ONG Taller de Comunicación Mujer, existirían al menos 65 centros de este tipo en el país.
Hasta el momento las medidas tomadas por las autoridades para clausurar ambos tipos de lugares y sancionar los delitos cometidos por los responsables han sido irrisorias, por citar un caso,en el Guayas se reportan solo 37 procesos administrativos sancionatorios a centros ilegales, y a nivel nacional solo se conoce de 6 casos judicializados penalmente por clínicas de deshomosexualización.
Los abusos y malos tratos que sufren las y los jóvenes en estos lugares parecen sacados de una película de terror: encierro prolongado, hacinamiento, privación de alimentos y bebidas, humillaciones, golpes, insultos, castigos físicos, aislamiento, denegación de comunicaciones e incluso violaciones sexuales.
Se debe tener en cuenta que en muchos casos el altruismo no es la razón por la que se establecen estos “centros”, la motivación real es el dinero; así estos lugares se aprovechan de la angustia y necesidad de los familiares de la persona drogodependiente para cobrar cifras que van desde los 500 dólares al mes en adelante.
Si alguien cercano está en una clínica de recuperación de adicciones, cerciórese al menos de que el lugar está en la lista de centros autorizados por el Ministerio de Salud (puede encontrarla en su página web).Y mucho pero mucho ojo con personas inescrupulosas que pueden poner en riesgo la vida o integridad de un ser querido.
Como sociedad debemos exigir a nuestras autoridades acciones firmes que impidan la impunidad y un verdadero control y seguimiento de estas clínicas y centros, no es justo reaccionar única y tardíamente cuando la tragedia ya ha sucedido, para luego olvidar el asunto hasta que ocurra la próxima tragedia. Hacemos un llamado urgente a instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo.