El caso llamado Sobornos 2012-2016 es en estos días la principal fuente de noticias en
los medios de comunicación del país y su cobertura se realiza a diario. Y no es para
menos porque este juicio es emblemático, ya que está poniendo en evidencia una red de
corrupción organizada de tipo mafioso, encabezada nada menos que por el expresidente
Correa. En ella empresas privadas, a cambio de contratos, entregaron fondos para
financiar campañas electorales y publicitarias del gobierno anterior. Sin embargo,
muchos medios han dejado de lado numerosos detalles del proceso, estos no han
merecido comentario alguno de su parte.
Ese es el caso del empresario Pedro Verduga, dueño de la empresa Equitesa. Su
abogada, María Gabriela Moreira indicó mediante videoconferencia desde Guayaquil
que por instrucciones de Pamela Martínez, (ex asesora de Correa y ex jueza de la Corte
Constitucional del correismo), Verduga, su defendido, entregó dinero a la agencia
publicitaria McCann Erickson para llevar a cabo una campaña en contra del Colectivo
Yasunidos, que abogaba y aún sigue luchando por la no explotación petrolera dentro del
ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) en el parque Nacional Yasuní, y por la defensa de
los pueblos en asilamiento voluntario en esa zona.
La abogada precisó que su cliente fue víctima de chantaje por parte de Martínez, ya que
el monto que entregó a la agencia fue a cambio del pago de los trabajos que ya había
hecho para el gobierno y no por la asignación de nuevos contratos. Es decir, que el
gobierno de Correa financió una campaña de desprestigio contra un grupo de
ciudadanos reclamando por la vigencia de sus derechos, campaña llevada a cabo por una
de las mayores transnacionales de publicidad a nivel mundial y pagada por un
contratista del gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en el informe
“Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos” que “la corrupción tiene
múltiples causas y consecuencias y en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas” y que la corrupción en las Américas es una amenaza
para garantizar efectivamente los Derechos Humanos.
El caso Sobornos 2012-2016 es un claro ejemplo de lo señalado por la CIDH. Y es que
en el Ecuador, la corrupción es un problema que ha alcanzado niveles nunca antes vistos
y constituye una de las principales razones de la profunda crisis económica que agobia
al país desde hace varios años. Los gobiernos son una parte del problema pero también
numerosos empresas privadas, aclarando que también existen en el país empresas que
han manejado sus negocios respetando la ley.
La corrupción atenta contra los derechos de las personas y de los pueblos (nos quitan
trabajo, salud, educación, vivienda, mejores condiciones para vivir) y distorsiona el
régimen democrático (los de siempre son los que ganan y permanecen en el poder). Por
eso es indispensable que la ciudadanía organizada sea consciente, proteste y planteé
alternativas contra este grave mal. Nada de apatía por parte de la ciudadanía.