Por: Julio Charro, PRODH
La crisis humanitaria que vive el mundo provocada por la pandemia del Covid-19 está golpeando en gran medida a los sectores más vulnerables, y específicamente en Ecuador se están atravesando una serie de violaciones a los derechos de los sectores más desfavorecidos. La Dra. Carla Alvear, experta en asistencia psicosocial, mencionó algunos datos sobre la violación a los derechos humanos.
“El tema de la vulneración de los derechos ha sido una constante preocupación de las organizaciones que se dedican a vigilar el efectivo cumplimiento del estado de los derechos humanos. El pasado 25 de marzo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador expresó su abierta preocupación respecto a las debilidades del Estado ecuatoriano en cumplir las obligaciones básicas.
El derecho de la salud conlleva entre otros elementos, cómo garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial a lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados. El asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima, que sea nutritiva, adecuada y segura, y que garantice que nadie padezca hambre.
Garantizar el acceso a un hogar adecuado y seguro, a una vivienda en condiciones sanitarias básicas, así como a un suministro adecuado de agua limpia y potable. El facilitar medicamento esenciales según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, y el velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud.
Sin embargo, entre el 20 de marzo y el 20 de abril, la Defensoría del Pueblo del Ecuador recibió 1204 alertas de vulneraciones de los derechos humanos que tienen que ver con el derecho a la salud, vinculado a la falta de levantamiento de cadáveres en las calles, contagios de COVID-19 entre miembros de la fuerza pública y de servidores de instituciones del Estado, falta de atención de salud para quienes presentan síntomas, falta de insumos y material de protección para el personal médico. También, se recopilaron alertas por la falta de información pública veraz, un inadecuado manejo en el protocolo de cadáveres intrahospitalarios, falta de etiquetado y pérdida de los cuerpos de las víctimas.
Otras 369 alertas hacen referencia a situaciones que vulneran el derecho al trabajo, entre ellas, denuncias de inadecuadas condiciones de seguridad y salud, falta de pago de las remuneraciones, despidos intempestivos, falta de pago de liquidaciones de haberes, así como situaciones de intimidación de las empresas hacia los trabajadores.
Más de 200 alertas se dan sobre la vulneración de derechos de consumidores y usuarios, que en su mayoría obedecen a denuncias por violaciones de los derechos producidas por instituciones financieras como: débitos bancarios automáticos, cobro de cuotas por créditos bancarios no renegociados, suspensión de cuentas bancarias por procesos coactivos, suspensión de servicios básicos domiciliarios, y otras. En esa línea hubo además denuncias por especulaciones de precios en tarifas aéreas, terrestres, productos alimenticios, medicinas, escasez y acaparamiento de insumos médicos.
También, se encuentran más de 200 alertas sobre denuncias de personas desalojadas de sus viviendas debido a retrasos en los pagos de alquiler, y más de 200 denuncias de familias nacionales y en condición de movilidad humana que no poseen recursos económicos para alimentación. Las alertas más recurrentes responden a denuncias de ecuatorianos varados en el exterior, 2780 denuncias en total con nacionales que se encuentran en 55 países en situaciones precarias de subsistencia.
Ante este enorme cúmulo de denuncias, el Estado ecuatoriano ha sido incapaz de garantizar una efectiva salida para el cumplimiento veraz de los derechos de las personas, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad más evidente. Todavía quedan muchas preguntas por contestar.”