Los conquistadores españoles trajeron consigo a nuestro continente virus como la viruela, el sarampión y la influenza que resultaron letales para los indígenas, diezmando poblaciones enteras en los años posteriores a su llegada. Sin la atención adecuada, ni los conocimientos, ni las condiciones socioeconómicas necesarias, y debido a la falta de contacto previo y por lo tanto sin haber resistencia a los virus, millones de habitantes de América murieron en los años posteriores a la llegada de los europeos.
Se estima que 20 años después de la llegada de Colón, la población indígena de las islas del Caribe disminuyo en un 90%. Aunque las armas y la sobre explotación de la mano de obra indígena aportaron al exterminio, la mayor parte se atribuye a las enfermedades llegadas del otro lado del Atlántico.
Cinco siglos después, el mundo es víctima de una pandemia que como ninguna otra se ha extendido por todas partes y las comunidades indígenas de América también son víctimas del Covid-19. Expertos y organismos de derechos humanos en América Latina advirtieron sobre la necesidad de que los Estados y las empresas que operan cerca o dentro de territorios indígenas implementen medidas urgentes para que el virus no llegue a las comunidades indígenas, pero en muchos casos esto no se ha llevado a cabo.
Es más, en la Amazonía, ante la falta de control estatal, petroleros, madereros y mineros han aprovechado las circunstancias para llevar adelante sus actividades legales e ilegales sin respetar el estado de emergencia. Para muestra un botón, entre marzo y mayo, en plena cuarentena, se construyó una carretera de más de 2 kilómetros dentro del Parque Nacional Yasuní, llamada burlescamente “sendero ecológico”.
Las alertas sobre la grave situación de los pueblos indígenas en la Amazonía fueron dadas en abril, por el fallecimiento, presumiblemente por Covid-19, de un adulto mayor de la nacionalidad secoya. El primer caso entre los Waorani fue el de una mujer joven y casi simultáneamente se produjo la muerte del anciano Carlos Bay Ima.
El presidente de la nacionalidad Waorani, Gilberto Nenquino indicó que se registran infectados en al menos 10 comunidades, en 3 provincias, y a pesar de la solicitud que se haga presente personal del Ministerio de Salud para realizar pruebas rápidas y de PCR, el apoyo estatal ha sido prácticamente nulo. Es así que la dirigencia ha tenido que recurrir a la autogestión y al apoyo externo para obtener las pruebas y también alimentos. La situación es similar en el caso de las demás nacionalidades de la Amazonía.
De nada han servido las demandas de los pueblos, los exhortos de la Defensoría del Pueblo, las demandas de medidas cautelares contra ministros y el vicepresidente a través de la CEDHU y las denuncias ante la Corte IDH. Las autoridades de gobierno no se han pronunciado sobre la desatención a los indígenas durante la pandemia ni han pasado a la acción. Los indígenas de la Amazonía han quedado prácticamente librados a su suerte en esta pandemia, ante la casi total indiferencia del gobierno y sus autoridades y solo apoyados en sus propias iniciativas y la ayuda externa.