Al cabo de un año de gobierno, Guillermo Lasso pensó que su exitoso plan de vacunación y el lograr cierto equilibrio macroeconómico exigido por el FMI, “sanear las cuentas”, le permitirían pasar de agache ante las grandes necesidades sociales de los pobres y empobrecidos del país.
Hoy por hoy una de cada 3 personas en edad de trabajar tiene un empleo adecuado. Muchas perdieron sus trabajos durante la pandemia. Miles de compatriotas del campo y la ciudad debieron endeudarse con los bancos para poder mantener sus fuentes de subsistencia, y hoy no tienen como pagar. El sistema de salud público, asolado por la corrupción y la mala planificación, está colapsado por falta de medicinas e insumos y con equipos que no funcionan. Decenas de miles de estudiantes no pueden acceder a las universidades públicas a pesar de las promesas de campaña de Lasso, que además redujo el presupuesto de las universidades. Escuelas cerradas durante la pandemia no han podido reabrir por falta recursos. Incrementó el precio del trigo, de la urea y del aceite, por factores externos e internos.
Este es el caos silencioso que se padece desde la pandemia y sus principales víctimas son los pobres de este país. El gobierno de Lasso, preocupado principalmente con cumplir con los objetivos del plan de ajuste acordado con el FMI, y haciendo gala de indolencia, irresponsabilidad e inoperancia, no ha dado respuesta a esta enorme problemática y esa bomba de tiempo le ha estallado en las manos.
En el Ecuador, más del 30% de sus habitantes son pobres. Y los indígenas son los más pobres de entre los pobres. Sin embargo, los pueblos indígenas gracias una lucha que viene desde hace varias décadas, han consolidado la CONAIE, la organización popular más importante del país y, de lejos, con mayor capacidad de movilización. En las últimas décadas ha protagonizado varios paros a favor de las reivindicaciones, no solo de los indígenas, sino también de los amplios sectores populares del país.
A partir del 13 de junio, la CONAIE y otras organizaciones indígenas iniciaron un paro nacional con una plataforma de 10 puntos, donde destacan la reducción de 50 centavos del precio del galón de los combustibles, la derogación de leyes que impidan la ampliación de la frontera petrolera y minera, la declaración de emergencia en la salud pública, la moratoria de un año de las deudas con el sistema financiero y la renegociación de las mismas. La represión por parte de las fuerzas del orden, que en varios casos han hecho gala de saña y salvajismo, ya ha ocasionado 5 fallecidos, cientos de heridos y 171 judicializados por parte de los manifestantes.
Como siempre los indígenas y otros pobres han puesto los muertos y los heridos. Gobierno, medios dominantes y cámaras de producción han posicionado a los indígenas como violentos y terroristas. Las élites normalizan el racismo y el clasismo. Piden paz, una paz que significa el silencio de los pobres. En medio de esta realidad tan convulsionada, el correísmo, que durante su gobierno persiguió al movimiento indígena, ha tratado de pescar a río revuelto. El endeble diálogo mantenido entre el gobierno y el movimiento indígena solo duró un par de días, con resultados insuficientes a las demandas populares, eso sí con el soberbio abandono gubernamental de las negociaciones.
La evidente falta de voluntad de negociación hace que el desenlace de esta crisis sea prolongado e incierto, mientras tanto los derechos humanos de todas y todos los ecuatorianos están sobre una cuerda floja.