Urgen reglas claras sobre la consulta previa libre e informada

Entre los acuerdos que constan en el Acta por la Paz, firmada por las organizaciones Conaie, Fenocin y Feine y el gobierno nacional, están las reformas al Decreto Ejecutivo 151. El objetivo de este decreto era agilizar las licencias de los proyectos mineros concesionados. Lo que, en la práctica significaba que no se realice ningún control ambiental efectivo y tampoco la consulta previa entre los habitantes de las zonas concesionadas.

El decreto, orientado a atraer a como dé lugar la mayor cantidad de inversión extranjera en el menor tiempo posible sin considerar ningún otro factor, ha sido una de las principales obsesiones de  Guillermo Lasso y su gobierno, esto en su búsqueda desesperada de recursos sin considerar los derechos de las comunidades, el derecho al agua, los derechos de la naturaleza y el mismo derecho a la vida. 

Entre las reformas planteadas en los acuerdos está la prohibición de llevar a cabo el plan de acción del sector minero en áreas protegidas, zonas intangibles, territorios ancestrales, áreas arqueológicas y zonas de recarga hídrica.

Es necesario establecer reglas claras respecto a la consulta previa, toda vez que una serie de decretos han desvirtuado su significado, convirtiéndola en una simple “socialización” de los proyectos, en los cuales los representantes de las empresas llegan a las comunidades donde se van a realizar los proyectos y pintan un panorama muy beneficioso e ideal para sus habitantes. Nada más alejado de la verdad.

En la realidad, los proyectos mineros generan numerosos problemas de contaminación del agua y de la tierra, deforestación, destrucción de viviendas, afectación a las formas tradicionales de organización y de vida, aparición de diferentes formas de violencia, encarecimiento de productos de primera necesidad, entre otros. En ese sentido, la Asamblea Nacional debería elaborar y aprobar la Ley de consulta previa libre e informada, aunque quedan muchas dudas de que lo haga en los menos de noventa días, que es el plazo previsto para el seguimiento de los acuerdos.

Más incertidumbres aparecen por la puesta en práctica respecto a la no ejecución de proyectos mineros en áreas protegidas, zonas intangibles y territorios ancestrales ya que hasta ahora, el Estado ha incumplido en repetidas ocasiones. Y en cuánto a las áreas de recarga hídrica, el encargado es el Ministerio del Ambiente, el cual no brilla por dar respuestas adecuadas ni oportunas en casos de emergencias ambientales.

Además de lo indicado, para llevar a la práctica estos cambios, es indispensable que el gobierno desista del catastro minero previsto para diciembre de 2022, que pondría en remate numerosas concesiones adicionales. De efectuarse dicho remate, se afectaría los derechos de las comunidades que habitan en los territorios afectados, sin contar con los innumerables efectos nocivos a la naturaleza, animales y especies vegetales.