Entre los cientos de miles de migrantes venezolanos que han llegado a Ecuador, expulsados por la enorme crisis que sufre su país, se encuentran muchos menores de edad que han venido solos y sin documentos. Ellos quieren ayudar a sus familias que aún deberían, pero ya no pueden darles su sustento. Una vez en nuestro país, ellos y ellas, luego del calvario de un penosísimo viaje, se topan con la realidad de que el Estado ecuatoriano no tiene políticas públicas suficientes y adecuadas que respondan a las necesidades de estos niños y adolescentes “no acompañados”. Y también que los esfuerzos de la sociedad civil para darles asistencia y orientación aún son escasos.
La principal necesidad de estos adolescentes es económica, pero el Estado no está preparado para cubrirla. Sin embargo, mediante un mapeo, instituciones que trabajan con estos menores de edad han determinado que mayoritariamente provienen de familias monoparentales y que tienen experiencia laboral, incluso algunos ya eran el soporte económico de su familia en Venezuela. Algunas instituciones están fortaleciendo estas capacidades laborales de chicos y chicas y brindando asistencia humanitaria temporal. Pero la iniciativa solo llega a un número limitado de adolescentes, el resto deberá arreglárselas como puedan. Muchos solo están temporalmente en el país porque su destino final es Perú o Chile.
En su afán de conseguir una fuente de ingresos se topan con grandes escollos. Muy pocos tienen sus documentos, ya que los han extraviado o se los han robado y si los tienen, el proceso de regularización es largo y tiene un costo que para la gran mayoría es imposible cubrir. Por otra parte, en el sector formal no está permitido la contratación de menores de edad, por lo que casi ningún empresario está dispuesto a contratarlos. A menudo son víctimas de expresiones y actitudes xenófobas por parte de los ecuatorianos. Como consecuencia, en la gran mayoría de casos, se ven abocados a realizar emprendimientos informales y sin estabilidad laboral. Muchos terminan en actividades de sobrevivencia, como ventas ambulantes y limpieza de parabrisas.
Estos adolescentes no ven prioritario continuar con su educación, muy pocos asisten a centros educativos. Incluso entre los padres que han migrado con sus hijos, muchos no envían a sus hijos a la escuela o al colegio, sino que se convierten en apoyo para sus actividades de subsistencia.
A pesar de todas las dificultades, la regularización de los migrantes indocumentados abre una esperanza para que estos jóvenes se conviertan en sujetos de derechos y grupo de atención prioritaria por parte del Estado y que, con la asistencia de organismos internacionales y locales, se facilite la realización de emprendimientos para su subsistencia.