Una vez más, comentamos sobre la incapacidad del actual gobierno para
combatir la inseguridad, incapacidad que se ve reflejada desde el 2021 en
múltiples actos del Presidente, sus ministros y secretarios.
Lasso comenzó con una política permanente de disminución de recursos en lo
social, se redujeron aportes y presupuestos a programas y políticas de
vivienda, salud y educación, además se privilegió el pago de la deuda con
organismos internacionales y se crearon normas pensando en los beneficios de
los empresarios, en desmedro del sector trabajador. La población trabajadora
ya golpeada por años de pandemia fue nuevamente víctima de la
precarización, provocada por un Estado ausente y reduccionista. El gobierno
jamás entendió que cuando se abandonan las personas y los barrios a su
suerte, cuando se eliminan posibilidades de vivir dignamente y de crecer, son
otros actores quienes proponen oficios y una vida al margen de la ley. En este
caldo de cautivo las bandas delincuenciales se multiplicaron y se organizaron.
Desde que el actual presidente asumió el gobierno, han muerto en las cárceles
del Ecuador más de 400 personas privadas de la libertad, esto por
enfrentamientos entre bandas y motines en seis prisiones en cinco ciudades
del país. Ante un escenario cuya brutalidad tristemente no tiene comparación
en el continente, el Ejecutivo hizo tal gala de su inoperancia a tal punto que su
pasividad e inacción parecía una expresión clara de abandonar a su suerte a
quienes consideraba indeseables y desechables. Lo que el gobierno nunca
entendió es que, cuando el Estado pierde control y espacios, otros se apoderan
de esos lugares y asumen esos roles; en el caso de las cárceles ecuatorianas
fueron múltiples bandas criminales
El combate contra la corrupción ha sido otro espacio en el cual el gobierno dejó
mucho que desear, no bastó con disminuir presupuesto a la administración de
justicia y debilitar los sistemas y órganos de control. Lasso puso todas sus
esperanzas en dar más poder a la policía y el ejército, combatió con fuerza
desmedida e inmerecida al pueblo que protestaba por sus derechos, validó y
aupó acciones violatorias de derechos, todo respaldado por ministros que
respondían al clasismo, racismo y espíritu de cuerpo. El Ejecutivo no supo
entender que es en las propias estructuras de la Policía y Fuerzas Armadas,
además de en su propio gabinete, donde con complicidad, proliferaba la
corrupción a gran escala y la delincuencia organizada.
Para colmo de males, y en un movimiento que muchos veíamos venir, desde
que se realizó por decreto ejecutivo en el mes de enero una reducción más que
significativa al impuesto de las armas de fuego y de las municiones, el gobierno
finalmente decidió dejarnos a nuestra suerte. Nos convirtió en protagonistas de
una película de vaqueros, mandó a los ciudadanos a una guerra y
prácticamente liberalizó el porte de armas, esto al establecer una política de
acceso y control de las más flexibles de la región. Lasso no pudo entender que
es el Estado el obligado a garantizar la paz y no los ciudadanos, y que
precisamente el combate a la delincuencia y la corrupción no comienza ni
termina en el enfrentamiento armado. Mientras tanto el país es tierra de nadie.