El impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, es una carga que en el Ecuador se impone a tres cosas: transferencias locales, importaciones de bienes muebles, y al valor de los servicios prestados. En palabras sencillas, a la venta de bienes o servicios.
Ahora bien, es un impuesto controversial porque trata de forma igual la capacidad económica de todas las personas, siendo en verdad que las personas tienen ingresos muy desiguales. En especial en países como el nuestro, caracterizado por sus problemas económicos y de insuficiencia de empleo formal. Esto es lo que se denomina técnicamente como un impuesto regresivo.
Este impuesto lo paga solo el consumidor final, pues todos los intermediarios de la cadena de comercio se lo trasladan a él. Esto aumenta el precio de las cosas y servicios. Por ejemplo, lo que antes costaba 1 dólar, ahora cuesta 12 centavos más.
Pero la cosa no se queda ahí. Este impuesto se defiende por la facilidad y eficiencia de recaudo que le significa al Estado, ya que no debe diferenciar a quien lo cobra y a quien no. Pero a la final no es tan eficiente. Esto debido a la evasión y al fraude fiscal de quienes lo retienen, lo deben pagar, pero que no declaran todas las transacciones. Según datos de diciembre de 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Ecuador la evasión del IVA fue del 2,2% del Producto Interno Bruto. Esto equivaldría a que por cada 10 dólares se recibieran solo 9,78. Y ni para qué hablar del 5.5% del PIB evadido por impuesto a la renta… Una irrisoria tontería de 9,45 dólares por cada 10 que se deberían haber recaudado.
Esto genera además dos efectos poco visibles: fomentar la competencia desleal entre comerciantes y reducir aún más los ingresos públicos. Lo primero porque algunas personas preferirán comprarle a quien no les haga factura para ahorrarse unos dolaritos, afectando a quienes sí cumplen las obligaciones tributarias. Lo segundo, porque entre más ocurran estas transacciones más se sumerge la economía y se recaudan menos impuestos.
Y ya sabemos que cuando no hay suficientes recursos públicos… Se vienen las medidas de austeridad ¡que de forma inexplicable siempre se ensañan contra los servicios sociales! Y, sin embargo, de nuevo se pone sobre la mesa de la reforma tributaria aplicar el odioso IVA a más cosas. Esta vez a los espectáculos públicos.
Y encima el SRI decidió echar atrás la interpretación favorable del IVA al 0% para los servicios veterinarios. Tema de grave afectación y del que poco está hablando la prensa.
Nos tenemos que preguntar ¿por qué el gobierno no se enfoca más bien en recuperar el dinero evadido del impuesto a la renta? ¿en tomar medidas más severas contra los paraísos fiscales? En fin, ¿en hacer algo mejor que perseguir los bolsillos de las personas de las clases más populares y de profesionales que con las justas llegan a fin de mes?