Qué implica una verdadera política de seguridad

Más de 450 personas privadas de la libertad han muerto en poco más de dos años en las cárceles del Ecuador, en un espacio que supuestamente debería estar controlado por el Estado, el cual debería no solamente garantizar la seguridad en el centro sino sobre todo los derechos humanos de quienes ahí se encuentran. La violencia de nuestras cárceles escapa a las calles.

Llevamos ya dos gobiernos enteros, el de Moreno y el de Lasso, escuchando solamente condolencias, y llevamos tres gobiernos el de Correa también pensando que la delincuencia únicamente se combate populismo y demagogia. El Estado y sus diversas funciones se han pasado dando palos de ciego en un tema que requiere conocimientos técnicos y alta preparación

El Ejecutivo primero cortó presupuesto en todo lo social incluido la rehabilitación, optó luego por ignorar el problema durante mucho tiempo, después militarizó las calles y los alrededores de las cárceles pese a numerosos casos de corrupción en la fuerza pública, además puso a cargo de un tema tan sensible a personas sin conocimiento y capacidad.

Desde la Asamblea se han subido las penas y creado más delitos, también intentaron que la prisión sea la regla y no la excepción, obviamente las cárceles se han sobrepoblado de personas de todo tipo de delitos, aún de aquellos de poca monta, también de inocentes en espera de un juicio, todos conviven en condiciones infrahumanas y lugares diminutos

La Función Judicial por su parte ha cumplido con el viejo adagio de que la justicia es solamente para el pobre, para ellos no funcionan las prelibertades, las medidas alternativas o los hábeas corpus. Por otra parte, incontables casos de corrupción dan cuenta de jueces que actúan en complicidad con el crimen organizado.

Ante este escenario los candidatos presidenciales parecen plantear más de los mismo, aún peor parece que quieren aprovechar la situación para acumular poder sin control, sin límites y rendir cuentas. No aprendemos de nuestro reciente pasado latinoamericano lleno de dictaduras, gobiernos autoritarios, autodefensas y paramilitarismo.

Nadie piensa o propone las soluciones estructurales, por no dar réditos a corto plazo o por ser medidas antipopulares. Aquí planteamos dos grandes puntos basados en derechos que han dado resultados en otros países.

Primero, la solución recae en la constante y creciente desigualdad económica en el país, en la acumulación de la riqueza en pocas manos versus la pobreza de muchos, especialmente la extrema pobreza de ciertas regiones y provincias absolutamente abandonadas en lo social, siendo este justamente el caso de la Frontera Norte y de Esmeraldas. Se debe cambiar la política del gobierno de volverse un estado mínimo y abstencionista. Es necesario dar derechos, servicios y condiciones a los más vulnerables, ofrecerles una alternativa de vida distinta al crimen y las bandas, pero para eso se requiere tener el estómago lleno.

Dos. Debemos cumplir con el postulado constitucional de la rehabilitación de las personas, no por ser un tema legal sino por ser lo más lógico y lo más humano. Y claro esto requiere invertir mucho dinero en infraestructura y servicios para los privados de la libertad, nuevos funcionarios penitenciarios capacitados, también requiere acciones como depurar la policía y las fuerzas armadas y poner a gente a cargo de la rehabilitación que emprenda un proyecto a largo plazo cuya base no sea el garrote sino los derechos como el medio para que las personas privadas de la libertad puedan asumir las obligaciones que les corresponden en sociedad.