En enero 2024 Ecuador ha vivido uno de los picos de violencia más importantes que ha incluido una grave crisis del sistema carcelario, un incremento inédito de muertes violentas, diversas acciones armadas de grupos delincuenciales y también como respuesta estatal la decisión gubernamental de declarar estado de emergencia, así como un conflicto armado interno, la movilización de fuerzas armadas para control y la restricción de algunos derechos como inviolabilidad de domicilio, reunión y movilización.
A este escenario se suma, y es importante alertar, sobre una serie de ataques, de momento principalmente en redes sociales, a defensoras y defensores de derechos humanos que han sido gravemente violentados por llamar la atención sobre los estándares internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que deben ser tomado en este contexto de crisis.
Ecuador ya vivía en un clima de polarización especialmente motivada por factores políticos, pero este contexto también ha sido propicio para situar a defensoras y defensores del lado o siendo parte del crimen organizado. Nada más equivocado.
Contrario a esto por ejemplo, la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Bolívar (Fecab Brunari de Bolívar) ya en abril del año pasado, denunciaba amenazas recibidas por grupos delincuenciales que operan en Guaranda, sin que hasta la fecha haya resultados de investigaciones o responsables.
En los últimos días, voces del movimiento social que se pronunciaron sobre el proyecto de ley para incremento del impuesto IVA, como de anuncios de eliminación de subsidios, así como de la próxima decisión de la Asamblea Nacional sobre un tratado de libre comercio con China, han recibido calificativos denigrantes no solo por sociedad civil sino también de medios de comunicación.
Es importante mencionar que todo este estigma desacredita, quita legitimidad y hace vulnerable tanto a líderes del movimiento social como integrantes de organizaciones y movimiento de derechos humanos, sin que actualmente el Estado cuente con una política de protección. Esto produce un impacto directo en los ámbitos de trabajo de estas personas, que también son afectadas por el estigma.
Aunque el uso del derecho penal sobre todo ha sido usado contra defensoras y defensores de derechos humanos en casos de conflictos socioambientales, preocupa que en este contexto sea una herramienta usada contra estas personas por el poder político o las fuerzas del orden.
También es de alertar que se han visto actuaciones de la fuerza pública que pueden constituirse en actos de tortura y violencia contra personas que son detenidas en el marco del estado de emergencia. Son precisamente las organizaciones de derechos humanos quienes han advertido sobre estas prácticas, preocupa entonces que, estando estigmatizadas como están, ¿Qué lugar van a tener en el debate público de la seguridad y la paz, y qué garantías para ejercer su trabajo?
Defensoras y defensores de derechos humanos deben recibir la protección no solo gubernamental, sino de toda la sociedad ecuatoriana.