Ivonne Macias, Comité de Derechos Humanos de Shushufundi
A un año de incumplimiento de la sentencia que dispuso que se apaguen los mecheros en las
provincias de Orellana y Sucumbíos, los mecheros de la muerte siguen apagando vidas.
Entre los impactos generados por los mecheros están las afectaciones a la salud porque las
partículas liberadas al medio ambiente son cancerígenas y son absorbidas por las personas.
En áreas como Orellana y Sucumbíos la incidencia de cáncer excede la media nacional y el
72% son mujeres.
Existen también impactos ambientales, es así como la muerte de millones de insectos y aves
altera el equilibrio de la naturaleza. La lluvia ácida contamina el agua y el suelo, causando su
infertilidad a más de desequilibrios ambientales.
Otro aspecto importante es el impacto económico que causan los mecheros porque quemando
gas en vez de reutilizarlo, Ecuador pierde por lo menos 500 millones de dólares cada año.
Al quemar el gas, no solo se pone en riesgo la biodiversidad y la salud humana, sino
también se pierden recursos económicos.
Recordamos que el 18 de febrero de 2020, nueve niñas amazónicas presentaron una
demanda constitucional contra el Estado ecuatoriano por violaciones de derechos
humanos y ambientales.
El 29 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia de Sucumbíos emitió la sentencia a favor
de las nueve niñas y estableció que el Estado ecuatoriano ha vulnerado el derecho a
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la salud de las
demandantes y de toda la población amazónica.
Por lo señalado, seguir con quema de gas en los mecheros constituye un crimen contra
las personas y la naturaleza.
Exigimos al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio
de Energías y Minas a cumplir con la sentencia sin más dilaciones. Hasta
ahora dichos ministerios están cometiendo un crimen contra los pueblos
amazónicos y contra la economía del Ecuador. E
Exigimos la implementación de sistemas adecuados de agua potable para las
comunidades afectadas por los mecheros, conforme lo dispone la sentencia
constitucional.