Luego de varios años, desde el gobierno de Lenin Moreno con más fuerza, hemos visto la reiterada y fallida acción gubernamental de integrar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad esto como la mayor acción de política estatal para el control de la criminalidad y la violencia. Sin embargo, luego de varios gobiernos y hasta una declaratoria de “conflicto armado interno” lo que no han podido las autoridades consensuar y construir es una política de seguridad seria, factible de monitorear y evaluar y que represente una estrategia multi respuestas a largo plazo. Tomando en cuenta además que nuestra norma jurídica contempla la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de excepcionalidad.
Situación aún más difícil de pensar cuando la criminalidad ha permeado el Estado y sus instituciones, a todos los niveles, y apenas ahora estamos conociendo su nexo con funcionarios de gobierno, actores y partidos políticos, jueces, fiscales, autoridades locales y también miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para el estupor nacional todo el escenario de violencia se potenció y sobrevive por la protección y coordinación de funcionarios estatales con el crimen organizado.
Entonces existe un nudo crítico para resolver. ¿Qué política se está implementando para hacer un seguimiento y evaluación exhaustiva para eliminar la presencia criminal en las instituciones estatales en general y en particular de Fuerza Pública? Se requiere un verdadero proceso depuración, pero nadie sabe si existe voluntad política y cuándo se lo hará.
Pero hay otros temas pendientes, por ejemplo fortalecer la presencia estatal en los territorios, es evidente que los grupos criminales están disputándose los espacios a nivel territorial, pero si la presencia estatal no existe o si hay una presencia negativa del Estado entonces este es un caldo de cultivo para que la presencia de los grupos delincuenciales se active no solo para narcotráfico, sino para que estos grupos diversifiquen sus negocios, cuenten con más ingresos y disputen esa presencia estatal.
También está pendiente contar con una política social que dé respuestas concretaras a la pobreza, desempleo y desigualdad. Especialmente con población joven. Imágenes de jóvenes involucrados en secuestros, sicariatos han sido por demás desgarradoras y son la muestra más dura del fracaso social y estatal frente a la violencia.
Además, es fundamental hacer inversión en el sistema carcelario, entendiendo no solo inversión como infraestructura, sino que se implemente una política integral para que estos espacios no se conviertan en centros de operaciones de los grupos criminales y reclutamiento de personal, sino que se logre la tan lejana y anhelada reinserción social.
Es urgente que Noboa presente una rendición de cuentas, acompañada de veeduría ciudadana, de los resultados de la declaratoria de conflicto armado interno, de los estados de excepción, de los toques de queda, de las actuaciones de Fuerza Pública durante este período. Lo que empezamos a ver que el círculo de violencia nuevamente es incontenible en los medios de comunicación, pero también en las calles. Los discursos y estrategias electorales futuras también tendrán un límite con usar de forma peregrina el tema de seguridad. La realidad y el país no dan para más.