Los sueldos dorados: No todo lo que brilla es oro

Es cierto que el salario es un derecho irrenunciable, pero lo que ocurre con los llamados “sueldos dorados” no tiene la más mínima justificación. Desde finales de 2023 empezó a correr el rumor, ahora confirmado, de que varios altos funcionarios de empresas públicas están recibiendo sueldos tan o más altos que los del propio presidente de la República.

Para la muestra un par de botones:

• El gerente del Metro de Quito recibe USD$6240, esto equivale solo a 21 dólares menos de lo que recibe el presidente de Ecuador (USD$6261).
• El gerente de CNT recibe en promedio USD$7835.
• Por su parte un experto técnico de generación de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), una de las que no actuó a tiempo para evitar los apagones en el país, gana en promedio USD$10784.
• Mientras tanto, un supervisor de operación de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), otra responsable de los apagones, percibe en promedio USD$13075.

Esta crítica no responde a un sentimiento de “envidia” como alguien erróneamente podría pensar. Responde a un sentimiento de “indignación”, porque se trata de salarios pagados con dineros públicos. Recaudados del pago de planillas de servicios públicos, o de tasas, e inclusive, de impuestos que fueron recaudados de sus bolsillos y de los míos.

Indignación porque se trata de empresas que generan pérdidas, o que en el mejor de los casos funcionan de forma muy deficiente.

Y de solo compararlos con lo que gana una mujer que trabaja en el servicio doméstico, una persona que se saca el aire día a día, y que con su esfuerzo de un año entero solo alcanzaría casi la mitad de lo que gana uno de estos personajes en un mes ¡dan ganas de morirse de las iras!

Indignación porque se trata de salarios que responden a malas decisiones sobre el uso de lo público. Decisiones cuyo costo se verá reflejado a la larga no en dólares, sino en vidas humanas. Esto porque mientras se malgasta dinero, en un país pobre y en austeridad, hay personas que probablemente no recibirán a tiempo un tratamiento médico o una cirugía; niñas y niños en riesgo de deserción escolar por no poder acudir a escuelas de calidad cerca a sus lugares de vivienda, ni recibir alimentos escolares; deportistas que quizás no llegarán a los próximos juegos olímpicos; barrios enteros sin agua potable.

Ante esta situación nos tenemos que preguntar de forma obligada: ¿Cuándo actuará la Contraloría? ¿Cuándo comenzarán las investigaciones de la Fiscalía? ¿Y las sanciones de la Defensoría del Pueblo por obstaculizar el acceso a la información pública? O tendremos que esperar de nuevo a que los responsables hayan huido del país.