Gobierno y empresa minera apresurados por iniciar la explotación en Kimsakocha

Por: Daisy Masapanta, Radio Kimsakocha

El 27 de noviembre, la empresa INVMetals presentó el Estudio de Factibilidad con el fin de gestionar la licencia para la fase de explotación del proyecto Loma Larga, más conocido como Kimsakocha.

Según el colectivo YasunidosGuapondelig, el estudio expone datos más “agresivos” que los publicados en el año 2015, por ejemplo, la tasa de explotación pasa de 950 a 3300 toneladas por día, la producción de relaves tóxicos pasa de 2.3 a 5.5 millones de toneladas, el depósito permanecerá abierto al sur, este y oeste para aumentar los recursos minerales en extensión y profundidad, y las regalías suman 108 millones de dólares en los 12 años de explotación, equivalente a 9 millones de dólares por año, esto es menos del 0.026% del presupuesto general del Estado de 2018.

La noticia ha causado preocupación a los defensores del agua y consideran que la única salida es ir a las urnas para rechazar la minería, luego de que el pasado 19 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral Transitorio resolvió aprobar el pedido de consulta popular del Sistema Comunitario de Agua de Girón. La decisión es histórica porque sería la primera consulta popular en el Ecuador sobre los derechos de la naturaleza.

Es necesario destacar que previo a este fallo favorable para los territorios en resistencia, el organismo electoral casi aprueba una consulta popular impulsada por el exvicepresidente Jorge Glas y los promineros. Lo curioso fue que este documento salió de la Unidad de Diana Atamaint, quien brilló por su ausencia en esta última sesión y ahora dirige el Consejo Nacional Electoral. Eso no es todo, en menos de una semana, la empresa minera INVMetals movió sus fichas, presentando su impugnación a la resolución del CNE-T.

El escenario es más preocupante cuando el gobierno trata de profundizar la política minera y con sus acciones dificulta el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas como el sumario administrativo iniciado al juez Paúl Serrano, quien aceptó la acción de protección de las comunidades de Molleturo, logrando la suspensión de las actividades mineras en Río Blanco y la salida de la fuerza pública. Lo último es el cambio de gabinete, uno de ellos que inquieta esla designación de Marcelo Mata Guerrero como nuevo Ministro de Ambiente, según la propia Secretaria de Comunicación, con amplia experiencia en empresas petroleras y en el Ministerio de Minas y Petróleos.

Con esta narración de los últimos hechos es evidente el matrimonio entre el gobierno y las empresas mineras, dejando a las comunidades desprotegidas y con la incertidumbre de si la consulta popular será transparente.

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