Que la justicia ecuatoriana no olvide a octubre

El editorial de esta semana, último que dedicamos a la campaña #OctubreNoSeOlvida, tratará en forma breve de hacer un balance de los pendientes de la justicia ecuatoriana, con relación a los hechos que constituyeron graves violaciones de derechos humanos durante los días de las protestas de octubre de 2019, y frente a las que debemos destacar la lenta acción de los organismos de investigación.

Encabezan el listado las muertes de alrededor de once personas, civiles, ocho de las cuales según indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “habrían muerto de manera violenta y/o como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales”. Pero las causas de los decesos de las otras tres no son nada alentadoras, pues según la misma entidad “habrían fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas por presuntas caídas o atropellamientos.”

Pero hasta el momento no hay presuntos responsables, ni se conoce más información sobre el avance de las investigaciones y los procesos penales respectivos en ninguno de los casos, y que valga la pena recordar que cuando en la muerte de una persona civil está involucrado alguien de la fuerza pública, el deber de investigación se cualifica, pues no se trata de una muerte cualquiera, sino de una posible ejecución extrajudicial, conducta gravísima y doblemente reprochable por provenir de quien debería proteger a la ciudadanía.

Por otra parte, el panorama sobre las responsabilidades de quienes lesionaron a casi cuarenta personas es similar. No se conoce el estado de las investigaciones, no se sabe si hay personal de la fuerza pública sancionado o no, y para la prensa es prácticamente un tabú hablar del tema.

Y si el escenario luce mal para las vulneraciones más graves, ni hablar de los excesos de fuerza contra las “zonas de paz” y personal que brindó ayuda médica. Parece que a las personas de la fuerza pública se les olvidaron sus lecciones sobre derecho internacional humanitario, según las cuales, en tiempos de guerra, se debe absoluto respeto a los lugares neutrales y a la población civil. Estos hechos deberían sancionarse al menos con normas de naturaleza administrativa por deficiente ejecución de las labores de trabajo. Pero tampoco se sabe nada.

Esperemos que el informe escrito de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia de la Defensoría del Pueblo vea la luz pronto, que sus conclusiones en verdad sirvan de noticia criminal para la Fiscalía, y que sea una herramienta para que las víctimas de violaciones de derechos, incluida toda la sociedad civil ecuatoriana, puedan usar para reclamar su derecho a la verdad y a la reparación.