Con tristeza debemos reconocer que vivimos en tiempos en que, los “clics” y la viralidad de contenidos en redes sociales e Internet, han demostrado ser más efectivos que el propio pedido ciudadano de cumplir con los derechos y servicios públicos. Para la muestra dos ejemplos de la reciente cotidianidad quiteña.
Vamos con el primero. La noche del pasado 21 de agosto la señora María Inés, una vendedora de caramelos, fue arrollada por alguien que iba en un vehículo tipo SUV negro por la Avenida Amazonas y que se dio a la fuga. Lo indignante del suceso, además de la falta de un posible responsable y de su indolencia, es que las autoridades públicas solo tomaron cartas en el asunto luego de que el video de su atropellamiento se viralizó, de que la Fundación Corazones en el Cielo se puso a la labor de identificar a la víctima, y de que se dio con su paradero el 26 de agosto ¡casi 5 días después del accidente! La pregunta a hacerse entonces es ¿para qué sirve el monitoreo de cámaras del Ecu 911? Si, como pudimos evidenciar, no se despachó ninguna ambulancia al lugar, aún a sabiendas de que el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT) debía cubrir los costos.
Prosigamos con el segundo. El 22 de agosto en horas de la tarde, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS), emitió una alerta de no consumir agua directamente del grifo por posible contaminación de diesel, debido al accidente de un tanquero en la vía Pifo-Papallacta. Por fortuna, la rápida reacción de los bomberos impidió que se derramara la mayoría del combustible y se logró contener el ya derramado. Sin embargo, las autoridades de la EPMAPS solo emitieron la alerta alrededor de ¡12 horas después del incidente! De nuevo la viralización entró en juego, pues tan importante aviso llegó por noticia de contactos de redes sociales, no de forma asertiva desde la mañana por la empresa pública.
¿Qué tienen en común estos dos sucesos en apariencia disímiles? La respuesta la encontraremos si analizamos este fenómeno con otro lente adicional, el del privilegio, pues observaremos que la indignación y la velocidad de respuesta será mayor o menor, cuanto más cerca se encuentren las personas afectadas a aquel. Así, por ejemplo, todo el país conoce del incidente de derrame de Diesel en el agua de Quito, pero pocos conocen de los accidentes y derrames de junio y julio en Orellana. Y en forma similar, en el caso del ciclista atropellado, Felipe Endara, se tuvo que hacer viral el video para generar indignación, y con ello agilizar las actuaciones de Fiscalía. ¿Cuántas Marías Inés o Felipes más habrá que no reciben ningún servicio público, porque no hay video de su tragedia que se haga viral? ¿Cuántos derrames más deberán soportar las comunidades? ¿o tendrán que grabarlos y viralizarlos para poder recibir atención y servicios de remediación y restauración? ¿Hasta cuándo tendremos que recibir servicios públicos a punta de presión y videos virales?