El lunes 18 de octubre el Presidente de la República, Guillermo Lasso, expidió un decreto ordenando el estado de excepción en todo el territorio nacional por sesenta días, la razón para hacerlo fue la grave conmoción interna en el país, provocada por la delincuencia. Ante ello, la población se dividió en dos grupos. El primero, conformado por quienes le respaldan por entender que esta medida es útil. En el segundo grupo están quienes piensan que la medida es un abuso, y no solo que no ayuda a solucionar al problema, sino que es peligrosa.
Nosotros, como colectivo de derechos humanos, estamos en el grupo que se opone a un nuevo estado de excepción, y no podría ser de otra manera. Sabemos que el problema de la delincuencia no se soluciona con sacar a las fuerzas armadas a las calles, con usar más personal, más armas y más fuerza. Esta nunca ha funcionado y nunca ha sido la solución. Le damos tres razones de peso:
Primero. El estado de excepción es una medida excepcional, de emergencia si se quiere, es como un botón de alarma que solamente se debería apretar ante situaciones puntuales de emergencia. Sin embargo, en los dos últimos años con el gobierno de Moreno y ahora Lasso, la excepción ha pasado a ser la regla general, decreto tras decreto nos mantienen en excepción. Y para colmo, ahora con la excusa de la delincuencia, siguen limitándose derechos ciudadanos y al mismo tiempo acrecentado la fuerza para controlar y reprimir a la población.
Segundo. La delincuencia es un problema estructural en nuestras sociedades, problema que debe ser afrontado de manera transversal y atacando las causas de su existencia, esto es principalmente las inequidades que hacen que algunos vivan en inmensas mansiones, coman manjares a diario y acudan a lujosos internados para educarse, mientras otros duermen en las calles, subsisten con el estómago vacío y nunca pudieron conocer una escuela pública. La falta de oportunidades para llevar una vida digna, para tener un trabajo que permita traer el pan a la mesa y para obtener un techo bajo el cual dormir, no se soluciona con la fuerza de tolete ni con gas pimienta y, mucho menos con la oscuridad de una celda.
Tercero. Nuestra experiencia como país y como región Latinoamérica, (recordemos los oscuros años sesenta, setenta y ochenta del siglo XX), es que dichos decretos sirven para perseguir al estigmatizado y al disidente. Muy curioso que justo salga el decreto en este mes de octubre, aniversario de las protestas del 2019, y ante el llamamiento de varias organizaciones a protestar contra el gobierno. Se puede estar a favor o en contra de la protesta, pero jamás se debería intentar intimidar mandando al ejército en las calles. Recordemos que los estados de excepción casis siempre traen consigo ejecutados, desaparecidos, torturados y encarcelados injustamente.
Al final, para justificar este decreto, nos mostrarán como resultado algunas caras de supuestos delincuentes atrapados -siempre los eslabones más débiles de la cadena delincuencial y de la estructura social-, y muchos creerán que todo o una gran parte se ha solucionado pese a lo ineficaz y antiderechos de la medida “excepcional”. Pero luego de sesenta días todos nos encontraremos menos libres y menos acostumbrados a ser libres y al mismo tiempo hallaremos a un Estado más grande, más armado y con nuevas excusas para limitar derechos.