El habeas corpus, junto con otras garantías jurídicas como la acción de protección y el habeas
data, son mecanismos de protección contra la vulneración de los derechos de las personas y
constan en la Constitución. Por lo tanto, favorecen a quienes han sufrido la violación de sus
derechos por acción u omisión de personeros del Estado, y pone límites a los abusos del poder.
Hace pocos días fueron concedidos sendos habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glas, preso en la cárcel de Cotopaxi por dos sentencias en firme en casos de corrupción y a alias “JR”
cabecilla de la banda de los Choneros, preso por asesinato.
En ambos casos, se trata de una desnaturalización de lo que es el habeas corpus, de una
aplicación que viola los criterios de aplicación y rompe con el trámite para devolver la libertad a quienes no la merecen.
En el caso de Glas, se afirmó que estaba “desaparecido”, lo cual daba competencia al juez de
Manglaralto, Diego Moscoso, y de esa forma emitió una orden de excarcelación en tiempo record. Pero, era evidente y conocido por todo el mundo que Glas nunca estuvo desaparecido y siempre permaneció en la cárcel de Cotopaxi.
Moscoso fue asesor de asambleístas de Alianza País hasta 2017, luego subsecretario de Rehabilitación Social, cuando Rosana Alvarado fue ministra. Finalmente, fue nombrado juez por el Concejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh, muy poco antes de que éste sea
destituido. No queda duda de su estirpe correísta. Moscoso argumenta que la concesión del habeas corpus se basó también en certificados de salud emitidos por médicos, como no, afines al correísmo, y que extrañamente fueron avalados por el Ministerio de Salud Pública. Según dichos certificados el ex vicepresidente padecía de varias enfermedades graves y su estado psíquico estaba muy deteriorado. Nada que ver con el Glas radiante y rejuvenecido que se pudo observar por televisión a su salida de la cárcel.
Correístas favoreciendo a correístas suena lógico, aunque eso implique torcer la ley. Pero, el
papel del director del SNAI, de la Policía y del ministro de gobierno, quienes no presentaron
ninguna réplica ni apelación en la audiencia con el juez de Manglaralto resulta demasiado
sospechoso. No aclararon que Glas no estaba desaparecido y, con sus omisiones, allanaron el
camino para que sea liberado.
Se concluye que el alineamiento de los astros que permitió su liberación no ocurrió por
casualidad, sino por un contubernio con el gobierno de Gustavo Lasso a cambio de favores
políticos. Probablemente a cambio de las abstenciones del correísmo en la Asamblea, las que
permitieron que la ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal entrara por ministerio
de la ley.
Obviamente, esta jugada tendrá un enorme costo político para este gobierno, ya debilitado
desde antes de que Glas salga de la cárcel, por el rechazo que genera en la ciudadanía y por la
evidente contradicción con la imparcialidad de la justicia y la vigencia de la seguridad jurídica,
que tanto pregona el Gobierno.