El Consorcio de Organizaciones de la Sociedad Civil, en abril de 2022, presentó un informe sobre la democracia, las instituciones y los derechos humanos en el Ecuador. En él concluye que el Estado ecuatoriano no implementó la gran mayoría de recomendaciones que le hicieron en el último Examen Periódico Universal, presentado ante las Naciones Unidas en el 2016. Es más, desde esa fecha, en algunas de las áreas la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado mucho. Situación que se refleja, por ejemplo, en el gran incremento de asesinatos.
En el informe, se señala que los derechos vulnerados han sido invisibilizados por el Estado y también por la sociedad, tal como ocurre con los derechos de las mujeres, personas desaparecidas, privadas de libertad, inmigrantes, personas GLBTI, entre otras.
Pese a las recomendaciones relativas a la libertad de expresión y de pensamiento, entre 2017 y 2022, se registraron 1151 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, más que en períodos anteriores.
Los índices de violencia contra las mujeres se han incrementado. En el país, 65 de cada 100 mujeres han sufrido violencia física, psicológica, sexual o patrimonial en algún momento de su vida. El año 2021 fue el que se registró cerca de 200 feminicidios y muertes por delincuencia organizada (incluyendo a niñas y adolescentes), la mayor cantidad hasta ahora registrada.
En el Ecuador se cuentan más de 2000 personas desaparecidas, aunque no hay cifras oficiales. El porcentaje de mujeres (62%) supera notablemente al de los hombres (38%). La desaparición involuntaria está tipificada como delito en el COIP desde 2020, pero no hay ningún caso judicializado hasta la fecha.
Entre las recomendaciones hechas al Ecuador, un 12% corresponden a políticas públicas para reducir la corrupción, la cual también es una forma de violación a los derechos humanos. La corrupción está íntimamente relacionada con la pérdida de recursos del Estado, que entre 2007 y 2019, le costaron al fisco 68 mil millones de dólares, lo que equivale al presupuesto estatal de dos años. Recursos que de otra forma hubieran podido ser invertidos en salud, educación, seguridad social, servicios básicos y desarrollo productivo, en provecho de la mayoría de ecuatorianos que padecen de muchas necesidades.
La situación de medio millón de venezolanos en el país es preocupante, en su mayoría tiene un estatus migratorio incompleto, sin permiso de residencia o de trabajo legal, expuestos a ser sobreexplotados laboralmente, realizar trabajos informales o dedicarse a la mendicidad.
El asunto carcelario presenta una violencia sistemática descontrolada y el número de asesinatos en los últimos dos años superan las 400 personas privadas de libertad. Las bandas delictivas en las cárceles son las que tienen el verdadero control en su interior, en lugar del personal de las instituciones estatales. Policía y Fuerzas Armadas no han intervenido para evitar masacres, solo se han dedicado a contar cadáveres luego de su ocurrencia.
El deprimente panorama de irrespeto a los derechos humanos en Ecuador es la causa, pero también el efecto de las inequidades, abusos de poder, podredumbre en el manejo de la justicia y de la cosa pública, entre otros males que aquejan al país.