Como si se tratase de una remembranza o un recuerdo de los cruentos años setenta y ochenta
del siglo pasado, el gobierno ha revivido la teoría de que los activistas de causas de derechos y
todo aquel identificado con posturas de izquierda es un terrorista. Con esta teoría, la fuerza
pública ha realizado en las últimas semanas, allanamientos y detenido a personas sin ningún
fundamento, todo esto mientras los medios tradicionales callan.
El tufo de las políticas represivas enseñadas en la Escuela de las Américas se respira en el aire,
pues en realidad es algo que nunca se fue, dichas ideas antiderechos y antidemocráticas han
sobrevivido en la mente de quienes ostentan el poder y también en el corazón de la fuerza
pública, es decir en quienes tienen licencia para portar armas.
La responsabilidad de las detenciones ilegales, torturas, violencia sexual, desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales de décadas pasadas son un asunto no resuelto por la
justicia, la enorme mayoría de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad recogidas por la Comisión de la Verdad. Sin Verdad no Hay Justicia, permanecen en
la impunidad. En ese escenario es fácil que resurjan desde el poder, ideas como la teoría del
enemigo interno y la lucha contra la subversión y el comunismo.
Cabe recordar que todas estas teorías en su momento fuero aplicadas en toda Latinoamérica a
través de políticas estatales securitistas, que privilegiaban el uso indiscriminado de la fuerza
letal y la violencia como medios válidos para un fin. Tardaríamos décadas, y costarían cientos
de miles de vidas y un número todavía indeterminado de personas desaparecidas, el entender
que dichas políticas únicamente respondían a una política imperialista norteamericana que
buscaba mantener sus privilegios económicos en los países y que temían perder su influencia
política en la región, en el fondo todo se trataba de sucio dinero.
Según nos lo recuerda INREDH en nuestro país “La Comisión de la Verdad reportó 119 casos,
varios de ellos colectivos, con un total de 456 víctimas de seis tipos de violaciones de los
derechos humanos”. 269 víctimas directas sufrieron privación ilegal de la libertad, 365
personas sufrieron tortura, 86 violencia sexual, se cometió desaparición forzada contra 17
seres humanos, 68 víctimas de ejecución extrajudicial, 26 personas sufrieron atentados contra la vida”. Y lo más penoso es que en la región nuestro país fue de los menos afectados. La
horrible realidad de las violaciones cometidas en países como Argentina, Chile, Perú, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Colombia fue muchísimo peor.
Ahora nuevamente el gobierno adopta la postura de la guerra contra milicias de izquierda y
movimientos insurgentes como una forma de vender humo y dar soluciones instantáneas y
fáciles. Esto ante la delincuencia común en crecimiento y la delincuencia organizada que
comete sicariato y delitos relacionados con el narcotráfico, los cuales nada tienen que ver con
una postura ideológica. Además, olvidando a propósito la problemática de complicidad de la
propia fuerza pública en dichos delitos.
Las y los ciudadanos debemos tener memoria y estar alertas ante discursos y acciones
demagógicas y populistas que no solucionan nada y que tienen costo en vidas humanas, tal
cual ocurrió en décadas pasadas.