Las últimas semanas hemos vivido momentos de tensión, y aquello no se ha debido principalmente a la protesta social, que valga aclararlo es un derecho, con límites claro está, sino precisamente por la forma como el gobierno ha afrontado o en sus palabras “combatido” a quienes considera sus opositores, desestabilizadores, a quienes llama descalificándoles como “los violentos”.
Uno de los momentos de mayor tensión se debió a la detención de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien fue detenido ilegalmente, sin parte policial, orden judicial y fuera de la flagrancia. Iza fue luego incomunicado y trasladado a Quito forzosamente, y posteriormente devuelto a su provincia. Finalmente, se le otorgó un hábeas corpus y salió en libertad, pero el proceso penal que se sigue en su contra continúa. El actual gobierno, amante de las libertades, actúa con prácticas que el mismo rechazaba en la época del correísmo.
Luego, ante la magnitud de la protesta, el presidente ha ofrecido cumplir algunos de los puntos y ofertas incumplidas en las negociaciones del paro del 2019. Control de precios, facilidades de pago ante prestamos, posibilidades de financiamiento y declaratoria de emergencia de la salud pública. Una pena que todos estos temas han sido verbalizados, pero no cristalizados en normas y políticas públicas, más allá de uno que otro articulado que no garantiza en realidad nada. El gobierno no ha sabido responder por muchos meses ante dichas demandas y parece improvisar sobre la marcha, a tal punto que hace pocas semanas la ministra de Salud señalaba enfáticamente que la salud no estaba en crisis y ahora la misma ministra celebra la declaratoria de emergencia de su cartera de Estado.
Hace pocos días, el gobierno decretó el estado de excepción las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, lo curioso es que el decreto ejecutivo que lo estableció tuvo dos versiones y las dos fueron firmadas por el presidente Lasso. Luego sus asesores señalaron que el decreto que se difundió primero en redes sociales se trataba de un borrador. ¡Algo nunca antes visto! el primer mandatario firma borradores de normas y no cualquier norma, una muy relevante pues suspende el ejercicio de derechos y permite al gobierno usar recursos y fuerza extraordinarios ante situaciones emergentes. El decreto “borrador” fue un supuesto “error” que entre otras novedades facultaba además a suspender el derecho a la libertad de información y la libertad de prensa. Lasso, el adalid de las libertades, precisamente pensaba actuar en contra de ellas y reculó ante la reacción social.
El estado de excepción suspende la libertad de reunión, es decir establece limitaciones a concentraciones sociales y marchas. Sin embargo, desde la propia cuenta del actual ministro de gobierno, se convocó a tres marchas denominadas “por la paz”, a sabiendas que aquello implicaba un delito bajo las actuales condiciones. Dichas marchas, plagadas de racismo y clasismo, son la muestra que en la lógica del gobierno las leyes rigen para sus detractores pero no para sus simpatizantes, toda una contradicción. Todo esto es aún más grave ante las acusaciones contra la fuerza pública de violencia desmedida y actos ilegítimos que van desde allanar la Casa de la Cultura pasando por agresiones físicas e incluso el caso de dos personas que protestaban y fueron lanzadas a una quebrada.
El gobierno de Lasso está lleno de errores, contradicciones e improvisaciones. Su imagen de alguien que se preparó para el cargo queda absolutamente desdibujada.