Cristian Roberto Borja Calahorrano
Históricamente, las personas con algún tipo de discapacidad han sido marginadas en la protección de sus derechos debido a la debilidad en la formulación de políticas públicas que promuevan la satisfacción de sus necesidades especiales y que garanticen su integración a la sociedad.
La igualdad es un derecho constitucional que implica un trato igualitario a quienes se encuentren en situaciones idénticas y un trato especial a quienes se encuentran en situaciones de desigualdad.
La Asamblea General de la ONU decretó en el 2011 que el 21 de marzo de cada año se celebre el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de generar una mayor conciencia pública sobre esta cuestión y recordar las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Así como resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. La elección de la fecha de esta efeméride es debido al proceso de división genético denominado Trisomía 21.
Frente a esto, el Estado tiene la obligación de implementar, ejecutar y apoyar programas o medidas de acciones afirmativas que permitan la atención prioritaria de las personas con discapacidades para que puedan acceder y gozar de sus derechos en igualdad de condiciones.