En 2011 entró en vigor en Ecuador la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco que tiene por objeto “promover el derecho a la salud de los habitantes de la República del Ecuador, protegiéndolos de las consecuencias del consumo de productos de tabaco y sus efectos nocivos.” El precedente de este avance en materia legislativa fue una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos por denunciar los graves impactos para la salud del consumo del tabaco.
Durante estos años se registraron cambios sustanciales tanto en etiquetado y empaquetado de productos, control de publicidad, espacios libres de humo y control para el consumo del tabaco en menores de edad. Pero el actual gobierno actúa en contra sentido tanto del marco constitucional y legal del país e incluso del sentido común y da un impulso a través de una reducción de impuestos a la industria tabacalera, entro otras, a costa de la lógica de políticas públicas integrales de salud.
A finales de 2022 el SRI quiso ajustar el Impuesto a Consumos Especiales (ICE) por la inflación de cuatro tipos de productos: tabaco, alcohol, bebidas industriales azucaradas y fundas plásticas. En respuesta y en oposición a esta medida tributaria, en enero de 2023, a través del Decreto Ejecutivo 645 el presidente Guillermo Lasso redujo los impuestos a los consumos especiales de estos productos, la rebaja de impuestos también aplicó para cigarrillos electrónicos y otros sistemas de administración de nicotina del 150 al 50%. En este mismo decreto se rebajó los impuestos de armas del 300 al 30%.
Es conocido que la industria tabacalera en el mundo ha sido renuente a cualquier tipo de regulación y ha incidido en los gobiernos para asegurar que esta industria tenga mínimos controles y amplias ganancias. Pero en Ecuador la sociedad civil no da tregua a estos despropósitos gubernamentales y en mayo de 2023 un colectivo social presentó una acción de protección contra el decreto 645 que recayó en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. Este 27 de junio se realizó la primera audiencia pública donde el gobierno argumentó que este tema no tiene relación con una política pública, que la decisión de la compra de cigarrillos y otros productos este parte del ejercicio de la libertad de las personas e indicó que otras instituciones de gobierno debieron ser demandas.
Frente a esto vale mencionar que el Ministerio de Salud ha trabajado en políticas de salud frente al consumo del tabaco y además ha elaborado documentos técnicos sobre impuestos saludables. También es importante la reflexión de que las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son las principales causas de muerte en el Ecuador y su atención significa un alto costo a las familias y al sistema de salud, según lo menciona el médico especialista Hugo Noboa, esta reducción solo agravaría la situación de estas enfermedades. Y finalmente llama la atención la falta de articulación y contradicción institucional en lugar de mantener la coherencia de una política pública integral que involucre a todas y todos los actores.
Mientras que en julio se esperan nuevas audiencias, llamamos la atención sobre las estrategias de la industria tabacalera que valiéndose de gobiernos inoperantes intervienen para disminuir y socavar las políticas de salud, reducir el pago de impuestos al estado ecuatoriano a costa de garantizar sus propias ganancias.
La industria tabacalera debe pagar impuestos.